Fuerte rechazo social al Real Decreto de transporte escolar

El pasado 1 de septiembre entró en vigor el nuevo Real Decreto que regula el transporte de escolares en autobús. Los términos de este reglamento han soliviantado notablemente a sindicatos, asociaciones de padres de alumnos y consumidores. Creen que se han hecho concesiones inaceptables a los empresarios que comprometen la seguridad de los alumnos transportados.

Fuerte rechazo social al Real Decreto de transporte escolar
Fuerte rechazo social al Real Decreto de transporte escolar

El caballo de batalla más importante en esta polémica es la antigüedad de los autobuses. El Real Decreto establece que no podrán tener más de 16 años, en lugar de los 18 de máximo permitidos hasta ahora.

UGT, CCOO, la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos, la Organización de Consumidores y Usuarios, el Sindicato de Estudiantes y la Confederación Nacional de Asociaciones de Vecinos se han unido frente a la Administración en lo que se ha denominado Plataforma por la Seguridad en el Transporte Público.

Esta plataforma considera inaceptable que se mantenga en funcionamiento un vehículo con 18 años y que, además, se le dedique a una tarea tan delicada como transportar niños.

Aseguran los miembros de esta entidad que el Gobierno ha cedido a las presiones de las empresas de autobuses y que, "mediante enredos", permite que los autobuses más antiguos puedan seguir funcionando hasta el curso 2004, fecha en que ya no podrá haber máquinas con más de 16 años dedicadas a estos servicios. La plataforma señala los 10 años como momento idóneo para "jubilar" los autocares.

Al estar transferidas las competencias en estas materias a las comunidades autónomas, serán éstas las que acaben por llevar a la práctica la implantación de esta normativa. La plataforma señala que las regiones del norte, como Galicia, Asturias y Castilla y León, salen seriamente perjudicadas, pues cuentan con larguísimos recorridos en autobús atendidos por empresas que han logrado arrancar a los gobiernos regionales compromisos muy beneficiosos para ellas.

La polémica del acompañante
Las mismas quejas se repiten con la obligación de que haya un acompañante adulto en el autobús cuando más de la mitad de los niños esté por debajo de los 12 años. Según la plataforma, esta medida tan reclamada por los padres no será definitiva hasta el curso 2007-2008. Es cierto que la disposición transitoria tercera del Real Decreto señala que "la aplicación progresiva de esta norma en cada curso escolar se realizará por cada Administración pública de acuerdo con las competencias que sobre la planificación educativa le corresponden en sus respectivos ámbitos territoriales. En todo caso, se garantizará su total implantación en el curso académico 2007-2008".

Denuncian también los agentes sociales que no sea obligatorio el uso de autobuses con arcos de seguridad. Por último, protestan porque la ley sigue permitiendo viajes de una duración máxima de dos horas, aunque sea una en cada sentido.

"No es normal que las empresas destinen los autobuses más viejos a un trabajo de tanta responsabilidad", señalan los portavoces de la Plataforma. También apuntan que no es lógico que los niños viajen más seguros en unas comunidades que en otras y recuerdan que Cataluña, Madrid y Navarra llevan una amplia ventaja en la mejora de estos servicios.

Para expresar oficialmente su rechazo, han dirigido una carta a los ministros de Fomento, Educación, Ciencia y Tecnología e Interior, todos implicados en la implantación de la nueva normativa. En ella exponen sus quejas formales y piden que se redacte un nuevo reglamento que garantice la seguridad de los escolares. Se ofrecen a colaborar con los técnicos para mejorar el articulado.

Piden que se destine más dinero a las comunidades para que puedan actualizar sus líneas de autobuses y pagar mejor estos servicios, a fin de que los empresarios puedan dedicarles más recursos.

Consideran que el gasto necesario para mejorar la seguridad es fácilmente asumible por Administración y empresas.