Estafaban en los recursos de las multas

La Guardia Civil de Cataluña ha logrado desarticular una banda delictiva que, a través de una falsa empresa de gestión de multas, estafó a centenares de clientes. Seis personas han sido detenidas y otras seis están imputadas.

La empresa desarticulada tenía un “modus operandi" muy sencillo: se ponía en contacto con personas con multas pendientes y, en nombre de una supuesta “Oficina Central de Recursos de Multas", les ofrecían gestionar sus recursos y demás acciones legales. A cambio, pedían hasta un 50 por ciento del coste de la sanción como anticipo o comisión. Prometían devolver este dinero en caso de no tener éxito en sus gestiones y, precisamente, ahí estaba el truco: nunca devolvían el anticipo. Además, tenían montada una pantalla para evitar que los afectados pudiesen reclamar sus derechos: cuando los afectados llamaban para protestar, eran desviados a un carísimo número de teléfono “807", donde los estafados se perdían en un fárrago de esperas y llamadas.

Además, desde las empresas delictivas se llamaba por teléfono a multados de toda España para ofrecer sus servicios. Sacaban los datos de los posibles clientes de los boletines oficiales de las comunidades autónomas, medios que siempre publican las comunicaciones de las sanciones de tráficos. Para atraer a sus víctimas, los miembros de la trama ofrecían un 98 por ciento de posibilidades de devolución de la sanción impuesta.
Les decían que su caso ya había sido analizado por uno de sus gestores y que sabían cómo tenían que hacer para librarse de ella. Explicaban que la sanción adolecía de un defecto de forma basado en un artículo legal inexistente. Además, les aseguraban que recurrir a sus servicios era la última opción que les quedaba para evitar un embargo inminente. Por último, los “captadores" de la red aseguraban que llamaban desde un centro oficial, con lo que daban más credibilidad a sus servicios.Según ha explicado la Guardia Civil, la investigación ha implicado a 25 empresas, todas ellas relacionadas entre sí y todas dependientes de una firma central con sede en la localidad de Platja d’Aro, en Girona.
Desde allí, el presunto cabecilla, Jordi Maestre Alonso, organizó una trama que, según la Benemérita, podría haber estafado a centenares de personas.La trama de empresas, que también utilizaba nombres como Sanciones OnLine, Línea Abierta de Recursos y Multas Online, se anunciaba incluso en revistas, radios y teletextos de televisión.