No se trata de un simple cambio de nombre. La Dirección General de Tráfico (DGT) será sustituida por la nueva Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué diferencias existirán?En primer lugar, el nuevo organismo implicará a muchas más personas. Tendrá miembros de la Administración Estatal, así como de las comunidades autónomas que tengan delegadas competencias en esta materia. También estará integrada la Dirección General de Carreteras (DGC) y los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. A la cabeza se situará un consejo en el que tendrán voz y voto representantes de los ministerios de Interior, Fomento, Educación y Sanidad, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Según ha adelantado el portavoz socialista en la Comisión de Interior, Victorino Mayoral, existirá representación de las asociaciones automovilísticas más importantes, de las patronales de los fabricantes que operen en nuestro país y de las autoescuelas. ¿Por qué estos cambios? Según fuentes socialistas, este nuevo organismo impedirá la falta de sintonía entre el Ministerio del Interior y el actual órgano rector de tráfico. Después de la última Operación de Navidad, el PSOE acusó directamente a la DGT de “dar cifras incompletas" y de “ocultar la realidad". Estos respondieron y, según explicaron a Autopista Online, utilizan el mismo método que usaban bajo el anterior Gobierno socialista (con Felipe González). La nueva Agencia Nacional de Seguridad Vial no sufrirá las carencias que, según los socialistas, tenía la actual DGT. Para ello, recibirá todo el dinero que se recaude en multas de tráfico: hasta ahora, las arcas del Estado atesoraban cerca de 96 millones de euros al año en este apartado. Miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han declarado en reiteradas ocasiones que se sienten con las manos cruzadas a la hora de controlar nuestras carreteras. En primer lugar, sufren una importante falta de efectivos: según datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sólo se han incorporado 531 personas a las patrullas de la Guardia Civil en los últimos tres años. En estos momentos hay 8.000 agentes de carretera, que deben vigilar 16.348 de carreteras de la red convencional (sin contar los cientos de kilómetros de autopistas y los miles de carreteras locales) y controlar a casi 17 millones de vehículos. Por otra parte, también acusan falta de operatividad: por ejemplo, antes de poner un control de alcoholemia, necesitan la autorización previa del Gobierno para determinar el lugar y la hora; demasiadas trabas para regular algo tan vivo como el tráfico.
La
Generalitat tiene su fórmula propia para las multas de tráfico.
Según ha declarado la consellera de Interior, Montserrat Tura, quieren
que se castigue con mayor dureza a los conductores de coches de gama alta.
Argumenta que el automóvil es indicativo del poder adquisitivo de
una persona. Sin embargo, como ha reconocido, a los Mossos d'Esquadra no les resultará nada fácil averiguar cuáles son los ingresos
de los infractores que detengan: sería impensable un cuadro de sanciones según el modelo del coche. En última instancia, los jueces
deberán decidir. Tura defiende que, ante una misma infracción
y dentro de unos baremos, al conductor de lujo se le podría aplicar
el nivel más alto de la multa, mientras que al propietario de un
turismo de gama baja se le haría pagar un importe más reducido.
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