El Plan de Infraestructuras 2000-2007 se detiene parcialmente

Las inversiones privadas en el sector de las infraestructuras españolas se hacen cada vez más necesarias, sobre todo si el Gobierno español quiere cumplir su Plan de Infraestructuras 2000-2007.

La Ley Reguladora de Concesiones de Obras Públicas es la llave necesaria para que el Plan de Infraestructuras 2000-2007 no se detenga. Hasta que esa norma no sea aprobada, el plan se quedará casi paralizado, pues es condición necesaria que se sancione esa norma.

La Ley Reguladora de Concesiones de Obras Públicas prevé las diferentes formas de financiación para dichas obras y permitirá el sustancial avance de las infraestructuras en nuestro país. Sin embargo, el Consejo de Estado no ha dado luz verde al proyecto de ley, porque hay numerosas observaciones pendientes. Entre las formas de financiación para la construcción de carreteras, por ejemplo, se prevé la utilización de fondos de pensiones, que resulta rentable, según algunas instituciones financieras consultadas por el Gobierno.

Si se aprueba la ley reguladora, el Plan de Infraestructuras se podrá llevar a cabo hasta el final, ya que con las actuales fuentes de ingresos gubernamentales (impuestos) no se cubren los gastos previstos. Las inversiones de capital privado, que regula la norma de la discordia, son, por tanto, muy necesarias.

El Plan de Infraestructuras 2000-2007 incluye la construcción de unos 5.000 kilómetros nuevos de vías y unas inversiones de 2.650.276 millones de pesetas (15.928,48 millones de euros).