Se trata del decreto aprobado el pasado mes de febrero que regula la concesión directa de ayudas al Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Aire) para la sustitución de vehículos comerciales de al menos 7 años de antigüedad por otros que cumplan los nuevos estándares de eficiencia energética y contaminación.
El Govern defiende que dicho decreto prevé una gestión centralizada del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente e ignora el carácter de competencia compartida en este asunto.
