El fiscal general del Estado es "el Robin Hood de las petroleras", según IU

De "Robin Hood de las gasolineras" a "ordenanza del Gobierno": Jesús Cardenal, el fiscal general del Estado, ha recibido duras críticas por parte de la oposición. Su decisión de paralizar la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a Repsol y Cepsa también ha encontrado el rechazo de parte de la carrera judicial y de los consumidores. Estos últimos ya han anunciado que no se quedarán con los brazos cruzados.

Después de dos años recogiendo pruebas y de elaborar un amplio informe de cerca de 80 folios, la Fiscalía Anticorrupción llegó a la conclusión de que Repsol YPF y Cepsa pactaban los precios, pero el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha paralizado la querella. Según Cardenal (en la imagen), hay que esperar dos resoluciones del Tribunal de la Competencia para poder decidirse.

La decisión, completamente "legal" para el sector conservador de jueces y fiscales, ha recibido duras críticas por parte de políticos, consumidores e incluso otros fiscales. Así, según el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Camacho, esta decisión es la acostumbrada "cuando están implicados agentes del poder político o económico".

Más lejos ha llegado la oposición, para quien la decisión de Cardenal es "inaceptable" o "inaudita". Según el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, "dado que el fiscal general del Estado no es más que el ordenanza del Gobierno, es evidente que ésta es una orden del Gobierno". Por su parte, el responsable de Comunicación de IU, Juan Francisco Mendi, "Cardenal se ha convertido en el nuevo Robin Hood de las petroleras, a las que defiende para dar lo que la Administración recauda de los ciudadanos".

Los consumidores han decidido llevar sus quejas a los juzgados. Los integrantes de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes (PNCC) ha anunciado que preparan ya una querella, donde acusarán a las petroleras de alterar los precios resultantes de la libre concurrencia, un delito que se castiga en el artículo 284 del Código Penal con una pena de seis meses a dos años de cárcel.

Precisamente, la PNCC, una asociación formada por organizaciones agrarias, de transportistas y de consumidores, fue quien abrió esta batalla legal, ya que presentó el 22 de junio de 2000 la denuncia contra Cepsa y Repsol ante la Fiscalía Anticorrupción.