Crisis: crece la venta ilegal de coches usados

La actual crisis económica ha incrementado un 15 por ciento la venta ilegal de vehículos de segunda mano en la vía pública por parte de ‘pseudovendedores’ que se hacen pasar por particulares para realizar una actividad comercial ‘encubierta’, según ha denunciado la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

La patronal de los vendedores ha señalado que esta actividad se viene produciendo desde hace tiempo, aunque ha puesto de manifiesto que la crisis económica ‘ha fomentado el intrusismo’ de aquellas personas que se hacen pasar por vendedores profesionales para obtener ‘pingües beneficios’ de la venta de vehículos estacionados en la vía pública.Ganvam ha explicado que esta práctica representa un acto de ‘competencia desleal’ tanto para los concesionarios como para los compraventas establecidos, dado que estos vendedores ilegales ‘no cuentan con la autorización municipal pertinente para el desarrollo de su actividad’ y tampoco pagan los impuestos y tasas requeridas.La Asociación ha resaltado, a su vez, que la venta ilegal de coches de segunda mano supone ‘un claro perjuicio’ para el comprador, que no dispone de la garantía por el vehículo por escrito, ni del contrato de compraventa ni de la factura de la operación.Asimismo, la patronal ha explicado que esta práctica supone un ‘fraude manifiesto’ a la Hacienda Pública, puesto que esas personas evaden el pago de los impuestos relacionados con el IVA o el Impuesto sobre Sociedades que los concesionarios y compraventas deben asumir.En este sentido, el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, ha afirmado que esta práctica se viene produciendo ‘desde hace tiempo’, aunque ha apuntado que los concesionarios y compraventas ‘están ahora más molestos que nunca porque supone una venta perdida, además de un deterioro de la imagen profesional y buen hacer que les caracteriza’.Por ello, la organización ha solicitado a los ayuntamientos que lleven a cabo las actuaciones necesarias para acabar con este tipo de actividad, siguiendo el ejemplo de las ordenanzas municipales de Madrid y Barcelona, que prohíben la venta de vehículos en vía pública.