Entre los arrestados, una proporción entraron en la cárcel tras la entrada en vigor, el pasado 2 de diciembre, de la reforma penal que castiga con penas de prisión a los conductores temerarios. La Fiscalía puso en marcha esta medida porque consideraba que la respuesta penal contra la "violencia vial" era hasta entonces "desproporcionadamente baja". Estas mismas fuentes explican que gran parte de los condenados más leves, aquellos cuya condena no implica entrar en la cárcel, "no está cumpliendo los trabajos en beneficio de la comunidad porque no hay suficientes plazas". La Fiscalía señala que esta cifra "varía en función de la comunidad autónoma" y destaca que en el caso de Cataluña, en la que "el sistema funciona razonablemente bien".Ante este "importanteatasco", las mismas fuentes alertan de que si las administraciones competentes no toman las medidas necesarias, "las penas empezarán a prescribir", algo que podría ocurrir al año de haberse dictado la sentencia. En cualquier caso, aseguran que la Fiscalía de Seguridad Vial, Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Tráfico ya están trabajando en un plan para incrementar las plazas, de manera que se dé cumplimiento a estas penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Por otra parte, apuntan que la Fiscalía de Seguridad Vial está estudiando la posibilidad de obligar a aquellos conductores que de forma reincidente superan las tasas de alcohol "a que instalen en su vehículos el 'alcolock'", un sistema que impide a los conductores borrachos arrancar el coche. Si se instalaran alcolocks en los vehículos de conductores sancionados por embriaguez se podrían salvar 115 vidas al año y evitar 568 heridos graves y 2.885 leves.
Además, no cierran la puerta a que, "como en otros países", este dispositivo se instale en todos los vehículos. "Se impondrá porque es un sistema que está funcionando bien en todos los países en los que se ha implantado", agregan.
En esta misma línea, el Ministerio Fiscal enviará en septiembre a los fiscales un estudio jurídico que explica los supuestos en los que se puede decomisar un vehículo, aunque este documento ‘no da instrucciones a los fiscales, sino fundamentos jurídicos para que con libertad decidan si quieren quitarle o no el coche’.
En cuanto a los controles de droga, actualmente ‘escasos’, la Fiscalía trabaja para que ‘implantarlos sea más fácil y barato’, ya que a día de hoy es un operativo "muy complejo" de poner en marcha. Si todo sigue su curso, los controles de droga estarán implantados por toda España en un año.
