Los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para automóviles negociados por el Gobierno Obama no irán adelante. Scott Pruitt, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), ha anunciado que tras revisar estos nuevos planes “no son adecuados y deben modificarse”, según recogen agencias. Esta decisión hace referencia a las normas que afectan a turismos, modelos de tipo SUV y todoterrenos de los años 2022-2025, y que pretendían duplicar la media de eficiencia de combustible, reduciendo el consumo y las emisiones de los mismos.
El acuerdo anunciado por la administración Obama en 2012 tras dos años de negociaciones con la industria establecía que a partir de 2025 los vehículos nuevos deberían de emitir de media 163 g/CO2 por milla recorrida. Según sus cálculos, habrían evitado la emisión de 570 millones de toneladas de gases de efecto invernadero para 2030, el equivalente a la eliminación de las emisiones en un año de 140 plantas de carbón. Pero lo más preocupante para los consumidores estadounidenses es que el acuerdo que la administración Trump quiere eliminar ahorraría a los consumidores 1,7 billones de dólares en gasolina.
Y es que las normas negociadas por la Administración Obama nunca fueron del gusto de los fabricantes Así, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, los ejecutivos de casi una veintena de fabricantes, representados a través de la Alianza de Fabricantes de Automóviles de Estados Unidos (AMA) se reunieron con el presidente estadounidense para que cancelara las medidas de su predecesor. A continuación el presidente americano colocó a Pruitt, hasta entonces fiscal general de Oklahoma, que se había distinguido por sus críticas a la agencia medioambiental y “en favor de los que más contaminan”, según diversas organizaciones, como la Unión de Científicos preocupados (Union of Concerned Scientist).
El pasado 2 de abril Pruitt declaró que la determinación del Gobierno de Obama “fue equivocada”, y decidió eliminar los objetivos acordados en 2012. Según él, "la EPA en el Gobierno Obama cortó prematuramente el proceso de evaluación en emdio del periodo por motivos políticos, aplicó supuestos sobre las normas que no se atenían a la realidad y establecieron normas excesivamente altas”.
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