El litigio ya dura cuatro años y podría alargarse más en el futuro. Desde 2015, el grupo de concesionarios de Audi y Volkswagen de Gandía Motor SA lleva peleando por conseguir una resolución positiva que los exima de pagar las sanciones que se les han interpuesto por pactar precios con la compatencia, violando las leyes del libre mercado, tal y como recoge el diario El Mundo.
Hace cuatro años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 2,23 millones de euros a un cártel de 95 concesionarios formado por los grupos Auto Real, Alzira Import, Vasauto y Marzá (además de los ya mencionados Gandía Motor SA), dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector; al considerar que todos ellos mantenían reuniones para encarecer sus productos en concesionarios repartidos por Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana.
En este caso, Gandía Motor SA recurrió la sanción que le puso la CNMC a sus concesionarios de Audi y Volkswagen de Valencia y Castellón, después de que fuera condenada por asistir a las reuniones donde se llevaban a cabo estas prácticas. Sin embargo, el grupo valenciano alega que no hay constancia de que las reuniones las convocara la Asociación de Concesionarios Españoles de Volkswagen y Audi (Acevas) o que hubiera un control posterior del control de los precios por parte de la consultora ilicitana ANT, como sí sucedió en otros lugares de España.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha fallado en contra del grupo de concesionarios, pues, si bien asegura que no se daban las circunstancias que señala la defensa, considera que sí existen pruebas suficientes para demostrar que existía un intercambio de correos electrónicos de los que se puede extraer que el objetivo de las reuniones era el de pactar los precios y encarecer los mismos.
Según el tribunal, existía “una voluntad de estrategia entre las empresas concesionarias de vehículos de las marcas Audi y VW para fijar posiciones comunes o coordinadas en relación con los diversos aspectos comerciales lo cual implicaba que se estuviera impidiendo la competencia entre empresas competidoras. Es obligado concluir entonces que las reuniones mantenidas por los concesionarios en la zona de Valencia y Castellón tenían una finalidad concreta como era alcanzar una política comercial común en relación con la venta de los vehículos de dichas marcas", se asegura en la sentencia.
Pese a todo, uno de los miembros del tribunal ha emitido un voto particular en el que se desmarca de la sanción impuesta, ya que considera que “debería declararse la caducidad del procedimiento, al haberse dictado la resolución final (de la CNMC) el 28 de mayo de 2015, es decir, una vez transcurridos los 18 meses establecidos al efecto por la Ley de Defensa de la Competencia", entendiendo, por tanto, que el hecho había preescrito. Se deja así la puerta abierta a un nuevo recurso para la defensa del grupo de concesionarios.
