Trabajadores y Junta presionan a Delphi

La Junta de Andalucía ya ha advertido a Delphi de que puede estar cometiendo delitos castigados con penas de cárcel. Los trabajadores ínvestigan el destino de los más de 60 millones de euros de dinero público entregado a la empresa.
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Trabajadores y Junta presionan a Delphi

La Junta de Andalucía ha comenzado las actuaciones destinadas a evitar que la multinacional Delphi cierre la factoría de Puerto Real (Cádiz), que, de llevarse a cabo tal y como ha anunciado, significará el despido de 1.600 trabajadores.

El delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, visitó el lunes personalmente las instalaciones de la compañía para entregar un requerimiento notarial dirigido al Consejo de Administración de la compañía, firmado por el consejero andaluz de Trabajo, Antonio Fernández.

La carta debía de llegar, en primera instancia, al director de la fábrica gaditana, Gonzalo Herrera, y, finalmente, al máximo responsable del proceso de reestructuración de la compañía Delphi Automotive Systems Holding Incorporated (DASHI), John Sheehan.

En su escrito, Bouza recuerda a la empresa que el procedimiento que está siguiendo hasta el momento puede ser constitutivo de delitos castigados con penas de seis meses a cuatro años de prisión.

En concreto, la empresa puede estar vulnerando el artículo 311 del Código Penal, que recoge penas para quienes “mediante el engaño o abuso de una situación de necesidad” impongan condiciones a los trabajadores que supongan “restricciones en sus derechos”. Y también el artículo 257.2 del mismo código, que se refiere al alzamiento de bienes cuando se vean afectados los derechos económicos de los trabajadores.

Además, los delegados de de la Junta de Andalucía le recuerdan a la compañía que la legislación laboral exige una autorización administrativa previa para ejecutar despidos y, en el caso de empresas con más de 50 trabajadores, la solicitud para la extinción de empleos debe de ir unida a un plan de acompañamiento social para reducir los efectos de un despido colectivo.

Mientras, los trabajadores de la fábrica continúan con las protestas y son claros y tajantes para señalar que la actuación de Delphi responde a un plan “premeditado” de la compañía. Para ello están preparando un documento con todas las actuaciones de la compañía que respaldan esta teoría.

Su denuncia se va a basar en las subvenciones públicas que ha recibido la multinacional para mantener la fábrica abierta y en los compromisos adquiridos con los trabajadores en ese sentido.

La empresa ha recibido más de 60 millones de euros de dinero público y ha firmado compromisos para mantenerse en la Bahía de Cádiz al menos hasta 2010.

Los trabajadores sostienen la hipótesis de que la compañía utilizó ese dinero público para desarrollar productos que han sido posteriormente llevados a otras fábricas en otros países con el fin de rentabilizarlos y conseguir mayor beneficio económico. Las plantas de Krosno y Tichy, en Polonia, pueden haber sido dos de las plantas beneficiadas por esta estrategia, según sostiene el comité de empresa.

El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, afirmó haber “recibido llamadas” de los gabinetes jurídicos contratados por la multinacional, con objeto de “comprar voluntades” y debilitar la posición de los 1.600 trabajadores afectados.

Por su parte, el secretario general de CC.OO. en Andalucía, Francisco Carbonero, ha afirmado que “con quien tenemos que hablar del futuro no está en Puerto Real”, en referencia a los responsables de General Motors en Detroit, principal cliente y antiguo propietario de la compañía.

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