El Supremo de EE.UU. obliga a tener orden judicial para poner GPS a los sospechosos

El Tribuna Supremo de EEUU dictaminó hoy que la Policía debe obtener una orden judicial antes de colocar, en secreto, un aparato de localización por satélite (GPS) para seguir los desplazamiento de un sospechoso.
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El Supremo de EE.UU. obliga a tener orden judicial para poner GPS a los sospechosos

Los nueve jueces del tribunal se pronunciaron de modo unánime en este sentido, aunque cuatro de ellos lo hicieron con reservas.

El caso se refiere a Antoine Jones, el dueño de un club nocturno en Washington condenado por conspiración para la distribución de drogas con base en pruebas policiales, que incluyeron el seguimiento del sospechoso mediante un GPS durante un mes.

Un tribunal federal de apelaciones en Washington anuló la condena porque la policía no obtuvo una orden judicial antes de la instalación del aparato.

La información transmitida por el sistema permitió que las autoridades vincularan a Jones con una residencia en el extrarradio de la capital en la cual se guardaba dinero y drogas.

Un tribunal condenó a Jones a cadena perpetua antes de que el tribunal de apelaciones anulara la sentencia, y el Supremo ratificó la decisión del tribunal de apelaciones.

En su fallo de hoy el Supremo señaló que la colocación de un aparato del sistema GPS en un vehículo y su uso para vigilar sus movimientos constituyen un registro, por lo que es necesaria una orden judicial para llevarlo a cabo.

El juez Antonin Scalia, que encabezó la opinión de la mayoría, indicó que 'al colocar el aparato en' el automóvil de Jones, 'los agentes allanaron un área protegida'.

La decisión fue unánime, pero dos magistrados, Sonia Sotomayor y Samuel Alito, añadieron sus opiniones.

En la suya, Alito indicó que el Supremo debía haber ido más allá y pronunciarse también sobre el uso del GPS para localizar otros aparatos, como los teléfonos móviles.

Los jueces Stephen Breyer, Ruth Ginsburg y Elena Kagan apoyaron la opinión de Alito. El presidente del Tribunal, John Roberts, y los magistrados Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Sonia Sotomayor apoyaron plenamente la opinión de Scalia.

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