Servicios a la comunidad para los delitos de tráfico

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Diputación de Granada han firmado un convenio para dar la opción de cumplir sus penas con servicios en beneficio de la comunidad a algunas personas condenadas en su mayoría por delitos contra la seguridad vial.
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Servicios a la comunidad para los delitos de tráfico
Servicios a la comunidad para los delitos de tráfico

Las tareas a realizar serán generales y adaptadas en la medida de lo posible al perfil de las personas que tengan que cumplir la prestación y se tratará siempre de acciones voluntarias sin remuneración que en ningún caso sustituyan un puesto de trabajo, ha precisado en un comunicado la Diputación, que ha concretado que con este acuerdo unas

200 personas al año podrán cumplir allí sus penas. Las plazas que cubrirán estas personas se integran en el área de bienestar y derechos de la ciudadanía y en concreto, catorce son de integración social, en los diferentes centros de servicios sociales comunitarios comarcales, seis se sitúan en la ciudad deportiva, cuatro en los centros sociales, para acompañar a los residentes en diferentes actividades, y una en la delegación de Igualdad.

La filosofía de este tipo de penas consiste en cambiar una condena de prisión por una prestación en beneficio de la comunidad y se aplican a delitos contra la seguridad vial en un 90 por ciento de los casos y en algunas penas por violencia de género.

Esta iniciativa pretende facilitar que estas personas puedan cumplir su condena cerca de sus domicilios y permitir así que compaginen esta obligación con sus vidas familiares y laborales. La gestión y vigilancia de este tipo de sentencias es actualmente competencia del centro de inserción social (CIS) Matilde Cantos Fernández, ubicado en la antigua cárcel provincial.

La responsable de este centro, Clotilde Berzosa, entiende que este tipo de condenas ‘no deben cumplirse en el interior de una prisión’. ‘Deben ser trabajos voluntarios y para mejorar la vida de los demás, por eso es determinante que las personas condenadas tengan la posibilidad de cumplir sus penas cerca de su casa y su trabajo y aquí entra la implicación de las administraciones para lograrlo, en este caso de la Diputación de Granada’, ha explicado.

La legislación indica que la Administración Penitenciaria debe establecer convenios con otras administraciones públicas y entidades que puedan asumir las funciones de gestión, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados a trabajos en beneficio de la comunidad.

En estos momentos unas 500 personas se encuentran en cumplimiento de condenas que en beneficio de la comunidad en la provincia de Granada.

Como complemento a esta medida, la Diputación también cede un aula para un taller de educación y sensibilidad vial que pretende fomentar la empatía y que estas personas vean cuáles son las consecuencias de sus actos.

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