El pleno del Senado aprobó ayer la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que endurece las penas para los conductores que sobrepasen los límites de velocidad o consuman bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
La reforma, que será ahora remitida al Congreso para su aprobación definitiva antes de fin de año, contempla penas de cárcel para los conductores temerarios que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana.
La Cámara Alta ha modificado el texto remitido por el Congreso en varios puntos referentes a la mejora de la señalización vial y al plazo de aplicación de la reforma.
De este modo y de forma paralela a la puesta en marcha del nuevo Código Penal, Tráfico revisará la señalización vial y la normativa reguladora de los límites de velocidad para adecuar estos límites a las consecuencias penales por su incumplimiento.
El Senado también ha dado luz verde a otra enmienda pactada entre el PSOE, la Entesa, CiU, Coalición Canaria y grupo mixto que establece una moratoria hasta el 1 de mayo de 2008 para los conductores que circulan sin permiso, con el objetivo de que aprovechen estos meses de "perdón" para sacarse el carné.
El PP, que ha visto rechazadas todas sus enmiendas, ha votado en contra del texto por considerar que, en algunos aspectos, la reforma puede incluso resultar contraproducente para reducir los accidentes de tráfico.
En su intervención ante el pleno, el senador popular Ignacio Cosidó ha acusado al Gobierno de pretender solucionar por la vía penal lo que no ha sido capaz de arreglar por la vía administrativa y ha denunciado que más de mil conductores que han perdido todos los puntos del carné siguen conduciendo por culpa de la "incompetencia" de la Dirección General de Tráfico.
"No voy a defender medidas penales contra el director general de Tráfico, pero esto es un riesgo evidente para la seguridad vial", ha bromeado Cosidó.
Por contra, la senadora socialista Patricia Hernández ha acusado al PP de actuar como "defensor de los criminales de la carretera" y olvidarse del resto de la población que sufre las consecuencias de su "desprecio" por la vida.
En esta misma línea, el también senador socialista Arcadio Díaz Tejera ha subrayado que la reforma del Código Penal sólo trata de acabar con "el paraíso de impunidad" en el que se mueven los "criminales de la carretera" que utilizan el automóvil como un instrumento de la "violencia vial".
Desde CiU, Lluis Badía ha expresado su confianza en que la mayor dureza de las penas para los conductores temerarios haga más responsables a los automovilistas y, a la larga, reduzca los accidente en las carreteras.
Badía ha lamentado la "relajación" que han experimentado los conductores meses después de la puesta en marcha del carné por puntos y por ello ha defendido el incremento de las penas para los conductores que no respeten las normas.
La Entesa Catalana de Progres ha criticado la ausencia de una memoria económica en esta reforma del Código Penal en materia de seguridad vial y el que no se haya consultado a las Comunidades Autónomas la futura revisión de la señales instaladas en las carreteras.
La senadora del PNV Elena Etxegoyen ha alertado del impacto negativo que esta reforma puede tener en los juzgados de lo penal, ya de por sí saturados de casos.
