El Seguro lucha contra el fraude

Las aseguradoras se quejan de que el fraude, sobre todo en el ramo de automóviles, es una práctica habitual contra la que luchan denodadamente… y eso que algunos intentos de estafa podrían servir de guión para una película cómica. Pero las compañías no están libres de pecado. Desde la Oficina del Asegurado se sostiene que estas entidades también suelen “timar” a sus asegurados no pagando las indemnizaciones que deberían.
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El Seguro lucha contra el fraude
El Seguro lucha contra el fraude

A.C. falleció en un accidente de motocicleta y sus familiares, a pesar de lo doloroso de los acontecimientos, no tardaron en contratarle un seguro, retrotrayendo la fecha de contratación al día del accidente. Poco después, la aseguradora que emitió la póliza recibió la notificación judicial de que debía indemnizar a los citados familiares con una cantidad cercana a los 68.000 euros (11,3 millones de pesetas). Como olía a “chamusquina”, la aseguradora inició una investigación y consiguió demostrar que se trataba de un fraude. Todo acaba bien, los estafadores, “los malos”, son condenados a seis meses de prisión por delito de estafa de especial gravedad en grado de tentativa y la entidad, en este caso Axa Seguros, se ahorra el dinero.

Este es uno de los muchos intentos de fraude que sufren las compañías aseguradoras cada día. Será nuestro carácter latino o nuestra histórica pillería, pero cada año el número de intentos de fraude que salen a la luz se incrementa. Según José María Olazabal, director de Formación de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), no es que las tentativas de estafa hayan crecido, sino que cada año las aseguradoras redoblan sus esfuerzos para localizarlas.

ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras) es una organización que tiene como objetivo estudiar e investigar materias relacionadas con la actividad aseguradora. Fundada en España en 1963, fue la primera asociación de este tipo que apareció en nuestro país. En la actualidad engloba a la mayoría de las entidades aseguradoras del sector, gran parte de las compañías portuguesas y algunas otras europeas y americanas. Entre sus funciones destaca la realización de informes y encuestas sobre los mercados en general y el seguro en particular y el asesoramiento a las firmas asociadas que así lo soliciten.

Los datos, de cualquier forma, son devastadores. En 2002 se detectaron casi 55.000 casos en el ramo de automóviles, a los que hay que sumar, aunque es imposible de cuantificar, los timos que llegaron a buen puerto, es decir, que no se descubrieron. El montante total de las reclamaciones ilegítimas ascendió, en números redondos, a 85 millones de euros, mientras que los gastos en los que incurrieron las aseguradoras a la hora de investigar esos expedientes (principalmente pagos a profesionales externos a las plantillas de las compañías, peritos, abogados, médicos e investigadora privados) fueron de algo menos de 2 millones de euros.

Estos números demuestran, a los ojos del sector, que la lucha contra el fraude es una práctica rentable, muy rentable, ya que, por cada euro invertido, las aseguradoras se han ahorrado 52. Esta cifra supera los datos del año 2001, que indicaban que el ahorro por cada euro invertido era de 40.

Pero no nos dejemos engañar por las grandes cifras. El fraude está también en las pequeñas cosas, y así lo denuncian desde el sector asegurador. El “inflar” partes de accidentes es algo habitual entre los españoles, que se sienten un poco como Robin Hood, robando a los ricos para dárselo a los pobres (en este caso a ellos mismos). Existe la idea generalizada de que las compañías de seguros se lucran a nuestra costa, cobrándonos unas primas escandalosas, por lo que una forma de “castigarlas” es intentar sisarlas en pequeñas cantidades. Los datos de ICEA avalan estas opiniones, puesto que uno de los engaños más comunes es la reclamación desproporcionada de los daños sufridos en el propio automóvil al producirse un siniestro, lo que incluye también la suma en el mismo de deterioros acaecidos en otras colisiones o producidos por el propio asegurado con anterioridad.

Las aseguradoras se defienden señalando que las cuotas que recaudan son muy ajustadas y que con estas “estafillas” y el fraude a gran escala, lo único que se produce es un incremento en los citados recibos: “Lo cometen unos pocos, afecta a todos”, concluyen desde el sector.

Tras las demandas desproporcionadas, en el ránking de estafas se encuentra la simulación de un siniestro y el fraude en la suscripción, es decir, querer cobrar la indemnización de un accidente habiendo contratado el seguro tras el mismo. Incluso, según Olazabal también ha recibido casos en los que un individuo compra en un desguace un coche igual al que posee, cambia las matrículas y simula un accidente de siniestro total. El objetivo es claro: cobrar la indemnización sin perder el coche.

¿Y quiénes son los estafadores? Evidentemente, la mayoría de los que defraudan a las aseguradoras, o al menos lo intentan, son los propios asegurados, que en muchos casos cuentan con la connivencia de otra persona, el contrario o el taller encargado de la reparación. La figura del agente de seguros está ausente en este tipo de fraudes, ya que sólo participa en el 0,5 por ciento de los casos detectados.

Las compañías aseguradoras, viendo lo beneficioso que es para su negocio, se han propuesto incrementar sus esfuerzos para luchar contra esta lacra. Así, cada día hay más entidades que cuentan con grupos específicos que se encargan de investigar los supuestos fraudes y, cada vez más, se acude a detectives privados.

La primera pista siempre la da el propio asegurado. Si se han añadido coberturas o se han contratado pólizas en fechas cercanas a un siniestro las posibilidades de que estemos ante un engaño se multiplican.

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p> El perito, si detecta algo extraño al analizar los restos del vehículo o las características del accidente, puede otorgar la segunda pista, mientras que la tercera es la solicitud de una indemnización elevada. Con todos esos indicios, la compañía se pone a trabajar y mediante varias actuaciones intenta desenmascarar la farsa. Entre ellas, están la comprobación de las circunstancias del asegurado, de los daños en los bienes y vehículos implicados, la realización de llamadas cruzadas, las entrevistas a familiares y vecinos o, incluso, aunque en un porcentaje muy reducido, la contratación de investigadores privados.

Una vez descubierto el timo, llega una de las carencias en este asunto: la falta de castigo. Desde el sector se observa una actitud conformista, ya que, tras demostrar el intento de estafa (delito castigado con penas de cárcel de entre 6 meses y 4 años), las entidades aseguradoras no acuden a los tribunales para que se castigue al infractor, incluso es el defraudador el que usa la vía legal para hacer valer sus pretensiones. Con esto, lo único que se consigue, según José María Olazabal, es que “el asegurador se convierta de alguna forma en cómplice del defraudador, pues no ejerce la obligación cívica de demandarlo, contribuyendo a la idea generalizada de que el fraude al Seguro no tiene consecuencias para el defraudador”.

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