Hace unos meses, el Gobierno de Baleares con los votos a favor de PSOE, Més y Podemos aprobó prohibir la circulación de los vehículos diésel nuevos a partir de 2025 por todo el territorio de las islas y los del resto con motor de combustión a partir de 2035. Dicha medida ha causado una gran polémica en el sector del motor de nuestro país, con duras críticas de las asociaciones de fabricantes Anfac, de vendedores Ganvam y de concesionarios Faconauto. De forma paralela, el Gobierno central también se manifestó en contra puesto que la normativa regional de Baleares contradecía los plazos preestablecidos en el borrador de la ley de cambio climático estatal, que preparó el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se establecían las primeras prohibiciones a los diésel y gasolina a partir de 2040 (esta ley finalmente no se aprobó y está en proceso de modificación y de consultas).
Pues bien, el Gobierno balear ha decidido dar marcha atrás y suspender la entrada en vigor de la ley que había firmado hace unos meses, por lo que los vehículos diésel podrán seguir circulando en todo el territorio de las islas después de 2025, una suspensión que también afectará a los del resto de motor de combustión (cuya prohibición inicial estaba prevista para 2035). Con esta nueva decisión, el Gobierno balear evita que el Gobierno central pudiese bloquear su ley de cambio climático.
Los dos Gobiernos –el balear y el central- han llegado a un principio de acuerdo que conlleva una moratoria hasta que se apruebe de forma definitiva una nueva ley estatal sobre cambio climático.
El borrador que de la ley estatal de cambio climático elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica –que incluía las primeras prohibiciones a partir de 2040- estaba dentro de los plazos requeridos en el calendario y en las previsiones de la Comisión Europea, ya que para el Viejo Continente se ha previsto que la economía del territorio comunitario sea neutra en emisiones de CO2 en 2050.
La ley de cambio climático balear también incluía otra serie de medidas como el cierre de las centrales energéticas que queman combustibles fósiles –gas natural, carbón y petróleo-, además de un ambicioso objetivo que establecía que todo el consumo energético de las islas fuese de origen renovable en 2050.
La nueva suspensión del veto a los coches diésel y gasolina del Gobierno balear ya ha tenido sus primeras reacciones. La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha visto positivo esta nueva medida, ya que las nuevas normas que se establezcan en torno a la movilidad y al transporte “deben contribuir a eliminar la incertidumbre provocada entre los consumidores por esta prohibición taxativa en las islas, que está afectando negativamente a las ventas".