El pasado 19 de julio, una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictada en julio de 2001 por la que Repsol YPF era multada con 500 millones de las antiguas pesetas –casi 3 millones de euros- por fijar los precios de venta para las gasolineras que actúan en un supuesto régimen de comisión o agencia.Ayer, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) insistía de nuevo ante el Ministerio de Economía y Hacienda para que hiciera efectivo dicho veredicto, que obliga a Repsol YPF a no imponer los precios de los carburantes a sus gasolineras abanderadas.Así, a través de su presidente, Juan Prats, el CEEES reclamó al Gobierno que “cumpla con su deber" atribuyendo el retraso de la aplicación de dicha sentencia a una cuestión de “dejadez" por parte del Ejecutivo.“No sabemos por qué algo tan serio como una sentencia del Tribunal Supremo no se cumple" –señaló Prats en una conferencia de prensa. Y es que la CEES informa que se puso en contacto el pasado mes de octubre con el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), pero este organismo le comunicó que aún no había recibido la sentencia. Asimismo, indicó que los perjuicios derivados del retraso en la aplicación de la sentencia son “enormes" y subrayó que los propietarios de estaciones de servicio quieren ser “revendedores" y no “comisionistas".La diferencia entre ambas figuras radica en que los “revendedores" pueden fijar los precios del carburante y establecer su propia política comercial, mientras que los “comisionistas", como los abanderados, se limitan a cobrar un porcentaje por cada litro de combustible vendido y cobran al cliente el precio que marca la petrolera para todos sus abanderados. Precisamente, este precio fijo es lo que ha resultado ser ilegal.De ese modo definió Prats la situación en el mercado de distribución minorista de carburantes al no existir competencia, al tiempo que pronosticó que, “en un plazo no muy largo", todas las gasolineras de España “terminarán siendo propiedad de las grandes petroleras".La batalla de las gasolineras contra la fijación de precios comenzó en abril del 99, año en el que la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Andalucía presentó una denuncia contra Cepsa y Repsol YPF ante el SDC por haber infringido la Ley de Defensa de la Competencia al fijar el precio de venta de los combustibles a sus gasolineras. Repsol recurrió hasta en dos ocasiones y, finalmente, acudió al Tribunal Supremo, quien también rechazó dicho recurso el pasado mes de julio.Independencia petrolera, eso sí. Así lo advirtió ayer el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, al anunciar un aumento del 22 por ciento en la inversión para la investigación sobre energías alternativas al crudo. De ese modo, el gobierno norteamericano pretende independizarse energéticamente de Oriente Próximo mediante la búsqueda de energías alternas, con el subrayado, eso sí, de “limpias" (por ecológicas).
Repsol YPF, obligada a no pactar las tarifas
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la petrolera Repsol YPF a no imponer los precios de sus combustibles a sus gasolineras aún no ha sido ejecutada de forma efectiva. Tras dos años de espera, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha puesto el grito en el cielo y reclama al Gobierno que “cumpla" con su deber y obligue a la petrolera a acatar la resolución.
