Julio arrancó con el décimo aniversario del carnet por puntos, una medida que ha generado un cambio en la conciencia de los conductores. Conscientes del camino recorrido, los expertos han señalado que la siguiente apuesta pasa por actualizar una medida a la que todavía le queda mucho margen. Los retoques están enfocados al consumo de alcohol y drogas o al uso del móvil al volante, por ejemplo, pero los cursos de recuperación de los puntos también están en la hoja de ruta. Más aún ahora que sobre ellos vuela una posible irregularidad en la concesión del control.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha abierto una investigación para arrojar luz sobre una hipotética irregularidad en la concesión del control de los cursos de recuperación de los puntos. Lo ha hecho después de la denuncia interpuesta por algunos de los usuarios afectados que aseguran que hubo amaño con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). La información la puso El Mundo sobre la mesa y fuentes de la DGT han confirmado la existencia de la investigación interna; según el citado medio, existe una grabación en la que -según los afectados- se demuestra que Marta Carrera (subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT) arregló los pliegos del concurso público para conceder el control de los cursos con José Miguel Báez, presidente de la CNAE, gestor y beneficiario de los mismos en la última década.
Los denunciantes -procedentes de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana- han pedido la expulsión definitiva porque según ellos la grabación demuestra que Carrera y Báez “pactan sin ningún rubor todas las condiciones que serán exigidas a los centros y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos”. El presidente de CNAE ha negado cualquier amaño o beneficio y ha anunciado que el asunto ya está en manos de los servicios jurídicos de la Confederación. Lo que sí ha reconocido es que habló con Carrera dentro de la relación normal entre la Administración y cualquier patronal, pero la publicación de la conversación es «sesgadísima». Báez ha asegurado que la adjudicación se logró después de ir tres veces al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tras 18 meses de pleitos con la Administración.
Lo cierto es que el Departamento de Seguridad Vial de Dvuelta ya puso el acento, a través de un comunicado, sobre “el perverso sistema de adjudicación de los cursos de recuperación de puntos, que funciona en un régimen de monopolio de facto promovido por la DGT y tolerado y amparado por el Gobierno, de manera que una sola entidad acapara prácticamente todo el negocio de las autoescuelas en dichos cursos”.
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