El RACC aboga por un sistema fiscal verde

Eliminación del impuesto de matriculación, potenciación de la tasa de circulación e imposición progresiva en función de las emisiones de CO2 son los fundamentos básicos de la propuesta que el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) piensa enviar al Gobierno para ayudarle a elaborar la reforma fiscal de la automoción. En esencia, esta idea del club de automovilistas se basa en hacer efectivo el principio de “quien contamina paga”.
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El RACC aboga por un sistema fiscal verde
El RACC aboga por un sistema fiscal verde

Prevista para 2008, la reforma fiscal del automóvil que está llevando a cabo el Gobierno está recibiendo las primeras voces contrarias. Hace unos días, el presidente de ANFAC, José Antonio Fernández de Sevilla, criticó ciertas medidas que los responsables estatales pensaban aplicar como parte de la misma, considerándolas de carácter puramente recaudatorio y ocultas bajo un supuesto compromiso medioambiental. En aquella alocución, hecha ante los medios de comunicación, Fernández Sevilla, abogaba por exenciones fiscales y por la fijación de un auténtico impuesto verde. Ahora, otro actor importante del mundo del automóvil, el RACC, se suma a la propuesta de los fabricantes con la elaboración de un documento sobre la Reforma de la Fiscalidad en el automóvil, que piensa hacer llegar al Ejecutivo de Zapatero.

Básicamente, el texto está animado por un espíritu medioambiental. Objetivos y criterios de las propuestas responden a tal pretensión. Por un lado, está la meta de reducir las emisiones de C02. Según el RACC, con su reforma se lograría, como mínimo, una rebaja del 5 por ciento. Por el otro, las medidas estarían basadas en el principio de gravar a quien más contamine.

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p> Así, el RACC plantea la eliminación del impuesto de matriculación de los vehículos y, en su lugar, una potenciación del impuesto de circulación/a>. La base imponible de este gravamen estaría vinculada a las emisiones de C02<P/b>. Aunque no llega a especificar baremos y cuantías, el RACC sí que da pistas de por dónde deberían ir los tiros: debería ser progresivo, aumentando en función del nivel de emisiones y estructurado en tramos, e igualitario, sin distinción entre vehículos de gasolina y Diesel. Asimismo, plantea la posibilidad de establecer un mínimo de emisiones de CO2 por kilómetro por el cual se estaría exento del pago de impuestos. Esta medida, recordamos, fue esbozada también por Fernández Sevilla, quien situó en 120 gramos de CO2 el límite.

Según el RACC, la carga fiscal podría aumentar en torno al 34 por ciento de media para los todo terrenos y 15 por ciento para los turismos más vendidos, mientras que se reduciría un 35 por ciento para los modelos más ecológicos.

Con esta propuesta, según el RACC, no sólo se potenciaría una reforma fiscal auténticamente animada por criterios medioambiantales. También se lograría la armonización fiscal con otros grandes productores de coches, como Alemania. Además, en un futuro, el club automovilista entiende que la medida se debería ampliar con la eliminación de los impuestos de circulación y de matriculación, sustituyéndolos por el incremento progresivo del impuesto de carburantes. De este modo, la fiscalidad del automóvil recaería únicamente sobre el consumo de combustible y no sobre la posesión de un vehículo. “En términos medioambientales”, aclara el documento, “ésta sería la opción más eficiente”, El RACC piensa hacer llegar esta segunda idea al Gobierno perfectamente desarrollada, aunque es consciente que se trata de una propuesta más delicada, por cuanto, implícitamente, penaliza al usuario que más utiliza el automóvil.

Para el RACC, la reforma debería ir acompañada de bonificaciones y de un periodo de transición de diez años para los vehículos que, cuando entre en vigor la nueva fiscalidad hayan ya soportado el actual impuesto de matriculación. El RACC no aclara si se trata de una moratoria o de una rebaja hasta igualar los gravámenes ya pagados con los que hubiera afrontado de tratarse de un vehículo nuevo.

En cuanto a las bonificaciones, el RACC sí que ha sido más específico. En primer lugar, habla de una desgravación fiscal de 300 euros en el impuesto de circulación para quien adquiera un vehículo nuevo Diesel que emita cinco o menos miligramos de partículas en suspensión por kilómetro. Esta exención parcial estaría en vigor hasta 2010, fecha en la que todos los motores de gasóleo tendrán que cumplir la citada medida.

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p> Paralelamente, entiende que sería necesario ampliar el Plan Prever a los vehículos Diesel de entre 6 y 10 años de antigüedad, que podrían recibir una bonificación de 600 euros por darse de baja y ser sustituidos por un vehículo nuevo. También considera que la bonificación debería incrementarse hasta los 750 euros para todos los vehículos de más de 10 años.

El RACC considera que su propuesta, auténticamente medioambiental, está avalada por diversos estudios de la Comisión Europea y que la cifra dada del 5 por ciento de reducción mínima es claramente conservadora. A su juicio, la reforma fiscal tendría como efecto una redistribución de la carga fiscal en la que los vehículos más beneficiados serían los que menos contaminen.

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p> Para el Club, nadie se vería perjudicado: ni Hacienda, ni los fabricantes, ni los consumidores. Así, globalmente, la implantación de la reforma no supondría un incremento de la carga fiscal para los vehículos, ni una reducción de la recaudación para el Estado. Solamente, en un corto plazo, y como consecuencia de la desaparición del impuesto de matriculación descenderían los recursos, situación que se estabilizaría conforme se consolida el sistema fiscal.

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p> Y, finalmente, contribuiría a modificar la distribución de los impuestos entre administraciones, llegando a una recaudación más lógica e integrada. Actualmente, las comunidades autónomas tienen cedido el impuesto de matriculación y los municipios, el de circulación.

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