Portugal refuerza la seguridad en la autopista saboteada por los peajes

Las autoridades lusas han reforzado las medidas de seguridad habituales en la A-22, autopista que cruza el Algarve y conecta con Andalucía, después de los sabotajes registrados desde la entrada en vigor de los peajes, hace once días.
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Portugal refuerza la seguridad en la autopista saboteada por los peajes

Un portavoz de la Guardia Nacional Republicana (GNR, equivalente a la Guardia Civil española) confirmó hoy a EFE este 'refuerzo', aunque declinó precisar de cuántos agentes y unidades está compuesto y como se desarrolla la operación ante el riesgo de perjudicar 'la eficacia del servicio'.

Con su decisión de intensificar la vigilancia en esta vía, Portugal pretende poner fin a los incidentes ocurridos desde que se convirtiera en autopista de pago, el pasado 8 de diciembre.

El último de ellos se produjo en la noche del pasado viernes, cuando fue quemada una caja de comunicaciones que contenía los cables de fibra óptica a través de los que se transmite la información recogida por los pórticos electrónicos.

Tres días antes, un vigilante de seguridad se acercó a un vehículo sospechoso y sus ocupantes hicieron disparos de escopeta que impactaron en los cristales de otro automóvil con el resultado de un trabajador de la empresa concesionaria herido leve.

Los sabotajes comenzaron el lunes de la semana pasada, cuando fueron tiroteadas las cámaras de otro de los pórticos repartidos a lo largo de la autopista e incendiada la estructura donde están instalados los equipos informáticos del sistema de cobro.

La policía lusa ha abierto una investigación por todos estos incidentes, todavía sin resultados.

Además de la A-22, también se han convertido de autovías a autopistas la A-23 (que atraviesa la región del Alentejo), la A-24 (colindante con Galicia) y la A-25 (fronteriza con Salamanca).

Transportistas, empresarios del sector turístico, usuarios y vecinos de los municipios afectados -tanto del lado portugués como del lado español- han hecho público su rechazo a esta medida, que supone un coste de entre 11 y 19 euros por trayecto.

El sistema de cobro, que no permite el pago en metálico ni con tarjeta de crédito, supone una complejidad añadida para los conductores de vehículos extranjeros, que deben elegir entre adquirir previamente un bono de prepago o alquilar el dispositivo electrónico que utilizan los ciudadanos portugueses.

El Gobierno luso justifica los nuevos peajes por la necesidad de reducir la deuda de la empresa pública que gestiona las carreteras del país y ayudar así a rebajar el déficit estatal, como le exigen las condiciones del rescate financiero que firmó en mayo.

El sistema de peajes recoge, sin embargo, exenciones y descuentos para los ciudadanos lusos, que han llevado a la Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR) a presentar una denuncia contra el Ejecutivo luso ante la Comisión Europea.

La asociación considera, como otras entidades afectadas, que la norma discrimina a los conductores por su lugar de nacionalidad o residencia, lo que no está admitido en la normativa europea.

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