Políticos y juristas recelan de la equiparación entre vandalismo y terrorismo

Representantes de los partidos de la oposición, jueces y fiscales han expresado hoy su recelo ante el anuncio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de una reforma legal para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero.
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Políticos y juristas recelan de la equiparación entre vandalismo y terrorismo

El anuncio -hecho ayer por Fernández Díaz en una entrevista en La Vanguardia- se produce después de que el pasado día 29, coincidiendo con la huelga general, se produjeran en Barcelona destrozos por valor de medio millón de euros y el Gobierno catalán propugnara una reforma penal para responder al aumento de la violencia.

Hoy, sin embargo, el secretario general de Convergencia (CDC), Oriol Pujol, ha pedido expresamente 'huir de una tipificación como la de la kale borroka', pero dando a la violencia urbana un 'tratamiento diferente al del simple gamberrismo'; mientras que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que sí los considera 'comparables', ha admitido que 'terrorismo es otra cosa'.

Aún más claro en su rechazo a la posible equiparación de fenómenos delictivos ha sido, todavía en Cataluña, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que ha abogado por agotar los recursos que ofrece el actual Código Penal antes de acometer su reforma.

En la misma línea se ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que se ha mostrado partidaria de estudiar cualquier fórmula que impida la actual impunidad del vandalismo callejero, fundamentalmente en Cataluña, aunque no ha querido equiparar estos delitos a los de la kale borroka.

Otras formaciones políticas, como ICV o ERC, han empleado términos como 'despropósito' o 'precipitación' para referirse al anuncio del ministro del Interior.

'Sacar la bandera del terrorismo contra el vandalismo me parece un despropósito. Si es un problema de vandalismo se tiene que abordar como vandalismo', ha dicho la portavoz y diputada de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, que ha añadido que la reforma del Código Penal no resuelve el problema 'de fondo'.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha acusado hoy al Gobierno de 'precipitación', ha criticado una propuesta hecha 'a golpe de titular' y ha señalado que 'los hechos ocurridos durante el 29M no pueden conllevar un endurecimiento que requiere estudios y estrategia previos'.

En el ámbito judicial, el anuncio de Fernández Díaz ha encontrado el aplauso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuyo portavoz, Pablo Llarena, ha defendido que se imponga una mayor sanción a quienes acuden a las manifestaciones a 'desmontar las ciudades y lesionar a los ciudadanos'.

Sin embargo, la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha rechazado la iniciativa al considerar que se trata de legislar 'a golpe de ocasión' y ha recordado que el Código Penal ya contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan desórdenes en la calle.

De la misma opinión es la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, que ha señalado que la medida anunciada 'tiene un peligro', que es 'legislar a golpe de hechos más para calmar a la opinión pública que otra cosa'.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha señalado que 'las reformas penales hay que pensarlas bien y ver si podemos jugar con las figuras que ahora tenemos'.

El ministro del Interior ha precisado hoy que la reforma del Código Penal que propone tiene el objetivo de elevar a un mínimo de dos años de cárcel las penas contra quienes protagonicen actos violentos en las calles callejera y que los jueces puedan dictar prisión provisional por estos hechos.

Fernández Díaz quiere que la reforma, en la que trabajan su departamento y el de Justicia, sea aprobada en Consejo de Ministros antes del verano y que su tramitación parlamentaria esté concluida antes de fin de año.

El titular de Interior ha dicho que una medida así no haría de España un caso único, sino que la homologaría a otros como Francia y el Reino Unido.

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