La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante celebrará a partir de hoy ese juicio, que sentará en el banquillo al examinador que supuestamente vendió los exámenes y falsificó las notas, al propietario de la autoescuela de Alcoy y ex alcalde de Benimarfull (Alicante), Francisco Jordá Frau, y a tres profesores de este centro y de otro de Moraira, que supuestamente sobornaban al funcionario. En su escrito, el fiscal pide para el examinador, Andrés T.G., cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho y otros tantos por un delito continuado de falsedad en documento oficial, así como una multa de 15.420 euros<.
Asimismo, para el director de la autoescuela, para sus dos hijos, Francisco J.P. y Pablo J.P., y para Paulino R.P., que ejercían como profesores, el Ministerio Público pide cinco años de cárcel y una multa de 12.180 euros por un delito continuado de cohecho.
Según la calificación del fiscal, el funcionario de la Jefatura de Tráfico cobró en al menos siete ocasiones, entre septiembre de 2001 y mayo de 2002, 480 euros por cada uno de los exámenes que corregía y daba por aptos, aunque lo estuvieran, y por los cuestionarios que proporcionaba a la autoescuela antes de los exámenes teóricos. Estos pagos, que supuestamente realizaba el director de la autoescuela de Alcoy y ex alcalde de Benimarfull, eran conocidos por sus hijos.
Asimismo, el examinador recibió en dos ocasiones, entre diciembre de 2001 y mayo de 2002, 300 y 400 euros del profesor de la autoescuela de Moraira, así como cajas de vino que entregaba a cambio de conocer el número de cuestionario que iba a poner en el examen teórico y de aprobar a los alumnos.
Andrés T.G. fue detenido a principios de junio de 2002 como presunto integrante de una red dedicada a la venta de exámenes, que estaba formada por los otros cuatro acusados.
También se produjo la detención de Francisco Jordá Frau, propietario de una conocida cadena de autoescuelas en Alcoy y que, posteriormente, dimitió de su cargo como alcalde de Benimarfull.
La operación que entre mayo y agosto de 2002 llevó a cabo la Guardia Civil se saldó también con la detención de otras 29 personas, supuestamente por haber obtenido el permiso de conducir por este procedimiento ilegal.
