El conflicto del gasóleo cobra nuevo impulso

Después de dos semanas de tensa calma, los colectivos involucrados en el conflicto del gasóleo vuelven a la carga. Claro que hay diferencias entre estas protestas y las que se produjeron a finales de septiembre. Para empezar, no todos quieren que bajen los precios.

Tres son los colectivos que retoman la batalla: los irredentos agricultores de la COAG, los gasolineros de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, CEES, y los distribuidores de gasóleo, gasolineras independientes y pequeñas petroleras, que se agrupan bajo el paraguas de la Plataforma de Defensa de la Competencia.
La COAG, que se negó a firmar los acuerdos de primeros de octubre, ha reagrupado sus huestes y se apresta otra vez para ir a las barricadas. Ya preparan movilizaciones para la semana que viene, acompañados por algunas cofradías de pescadores.
La CEES prepara un cierre de gasolineras para el próximo lunes, 30 de octubre. Si antes de ese día el Gobierno no recibe a sus representantes y se entabla un diálogo, se cerrarán las estaciones de servicio asociadas a la confederación.
Su principal queja se centra en las medidas que ha aprobado el Gobierno en los últimos meses para liberalizar el sector de los carburantes. La decisión más polémica fue la que autorizó a las cooperativas de agricultores a vender a terceros el gasóleo que compran para ellas. Además, la CEES ha logrado que la Comisión Europea admita a trámite su denuncia contra el decreto gubernamental que permite a los centros comerciales abrir gasolineras.
El tercer grupo de presión los constituye la Plataforma de Defensa de la Competencia. También piden que se abra la concurrencia en el sector, pero con una peculiaridad: quieren que las grandes operadoras dejen de vender por debajo del precio normal. Según sus responsables, las petroleras dominantes mantienen tarifas muy bajas para no enardecer los ánimos de la sociedad. Pueden hacerlo gracias a los beneficios que obtienen de sus actividades de refino y exploración. La Plataforma quiere que Repsol, Cepsa y BP repercutan completamente el alto coste del petróleo, de modo que todas las pequeñas compañías puedan hacerlo también. Esto hará que los precios suban sensiblemente.
Otro colectivo que aceptó a regañadientes la "paz" de principios de mes es el de los taxistas. Ayer se constituyó en Madrid la comisión que integra a profesionales del taxi y Gobierno para estudiar las condiciones del sector y cómo compensar los aumentos del precio de los combustibles.
Por otra parte, la patronal CEOE se mostró ayer opuesta a que se reduzca el impuesto sobre los hidrocarburos. Para sus responsables, una medida de este tipo "arrojaría mucha incertidumbre sobre el sistema tributario español".