Las petroleras, en el punto de mira

En la mañana de hoy, jueves, han acudido a declarar como testigos del expedientes abierto por la Fiscalía Anticorrupción para investigar un posible pacto entre las petroleras dos de los responsables de las organizaciones que forman la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes.
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Las petroleras, en el punto de mira

Durante esta primera jornada, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, ha entregado en la Fiscalía Anticorrupción un estudio que incluye pruebas de la concertación de los precios entre las petroleras.
Este estudio destaca "la competencia desleal" de Cepsa, Repsol-YPF y BP, sobre todo en el caso del gasóleo B (combustible más utilizado en la agricultura). De hecho, Moraleda afirma que, cuando una pequeña empresa pretende suministrar combustible en alguna zona, las petroleras bajan sus precio para evitar la creación de cooperativas de servicios para agricultores.
Además, el informe de la UPA indica que los precios de las empresas petrolíferas se acercan sospechosamente y que el comportamiento de los precios de Repsol y Cepsa es "idéntico".
Otro aspecto que ha destacado Moraleda es el aumento del precio del combustible agrícola o bonificado, mayor que el del gasóleo A o de automoción. El primero ha subido el 50 por ciento, hasta las 60 pesetas por litro; el segundo, el 17 por ciento, situándose en torno a las 91 pesetas por litro. Esta diferencia no está justificada, según el representante de la UPA, ya que "el gasóleo de automoción y el agrícola sólo se distinguen en el colorante".

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p> Otro de los miembros de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes que ha ido a declarar ha sido Juan Antonio Millán, secretario general de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas Españoles). En este caso, se ha hecho hincapié en que las medidas que ha adoptado el Gobierno para liberalizar el sector no son suficientes.
Según Millán, es fundamental que desde la Administración se subvencione el gasóleo de uso profesional en el transporte por carretera. La solución que da para que el Gobierno no pierda dinero es que se reduzcan las ayudas a otros tipos de transportes.
Por otra parte, desde Fenadismer se afirma que el alto precio del combustible incide en la seguridad, ya que los camioneros, al no poder repercutir las subidas en sus tarifas, tiene que trabajar más horas, ir más deprisa y sobrecargar sus vehículos.

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