Discrepancias en el Tribunal Constitucional por las indemnizaciones en accidentes de tráfico

Todos los magistrados que componen el Tribunal Constitucional no están de acuerdo con que sea el juez quien libremente establezca la cuantía de las compensaciones económicas por accidentes de tráfico.
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Discrepancias en el Tribunal Constitucional por las indemnizaciones en accidentes de tráfico

Cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional han mostrado su discrepancia por la sentencia en la que se declaraba injusta y discriminatoria la cuantía fija por las lesiones ocasionadas en accidentes de tráfico. Hasta el año 1995 era el juez el que dictaminaba libremente lo que le correspondía por día de baja y por las secuelas producidas a un accidentado de tráfico; después de ese año se estableció una cuantía fija, que ahora el Constitucional ha dictaminado que no es justa. El pleno del Tribunal Constitucional estimó que los baremos que fijaba la ley de 1995 impedían analizar libremente las circunstancias particulares de cada caso y dictaminó que a partir de ahora vuelva a ser el juez el que decida esta cuantía.
Los cuatro votos individuales que se han lanzado en contra de esta resolución han sido los de los magistrados Rafael Mendizábal, Manuel Jiménez de Parga, Vicente Conde y Fernando Garrido. Los dos primeros han dicho que "el sistema de tasación no perturba ni pone en peligro el derecho fundamental a una tutela judicial con la connotación de la efectividad y sin la tacha de la indefensión". Asimismo, estos magistrados han hecho hincapié en que una vez que se ponga en marcha este sistema de compensación, el ciudadano va a ver encarecido el seguro obligatorio de su automóvil, entre otras cosas.
Para Vicente Conde "la circulación es en la actualidad un fenómeno colectivo y universalizado en el que está inmersa toda la ciudadanía, y en el que los accidentes que se producen en su marco son un componente inevitable del fenómeno". Por ello, justifica que el legislador tiene que regular sus efectos dañosos desde una visión global y no individualizada. Conde señala que las dos partes que se crean en un caso de este tipo pueden ver sus papeles invertidos en un futuro dentro del "todo global" al que alude y lamenta que la idea de seguridad y certeza del ordenamiento jurídico pueda verse dañada con esta sentencia.
Por último, Fernando Garrido no estima arbitrario el tipo de valoración tasada y teme que el nuevo sistema incremente las listas de espera de los juzgados, porque pocas víctimas están dispuestas a admitir su culpa, lo que hace que se establezcan procesos muy largos, ya que se producen nuevos pleitos.

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