La multa a Volkswagen ha dejado helados a los fabricantes de automóviles investigados

Las grandes empresas automovilísticas europeas guardan un profundo silencio y ponen sus barbas a remojar tras la multimillonaria multa a Volkswagen.

En un escueto comunicado, la primera empresa automovilística europea afirmó estar estudiando recurrir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE que la obliga a pagar una multa de 15.000 millones de pesetas. Volkswagen destaca que en parte la sentencia siguió su argumentación, al haberse reducido el importe de 102 a 90 millones de euros.
La empresa de Wolfsburgo tiene un plazo de dos meses para apelar la sentencia por cuestiones jurídicas, en lo que al contenido se refiere, los hechos se dan por probados y es inapelable. DaimlerChrysler y Opel, que están siendo investigados por la Comisión por prácticas semejantes, optan por guardar silencio.
La Dirección General de la Competencia abrió un procedimiento contra DaimlerChrysler en abril de 1999 y un mes más tarde confirmó que tenía suficiente material para imponer una multa a la empresa. La firma germano-estadounidense está siendo investigada por impedir sistemáticamente la venta de sus vehículos a consumidores de otros países de la UE en España, Bélgica, Alemania y Holanda entre 1985 y 1996. La división holandesa de Opel tiene abierto un procedimiento por los mismos cargos. Estos casos podrían resolverse en otoño, pero también las compañías francesas Peugeot y Renault están siendo examinadas por prácticas semejantes, aunque todavía no se ha iniciado ningún procedimiento contra ellas.
Mario Monti, comisario europeo de la Competencia aprovechó la ocasión para anunciar que "no dudará en tomar las medidas necesarias contra los fabricantes que incumplan las reglas de distribución actual". Monti está dispuesto a someter a un férreo marcaje a la industria automovilística y estudia eliminar el actual sistema concesional para liberalizar la distribución de automóviles.
Está en juego el actual Reglamento de Exención en Bloque para vehículos a motor. Este Reglamento que está en vigor hasta el año 2002 ha permitido que la comercialización de vehículos constituya una excepción a la libre competencia dentro de la UE. Monti quiere cambiar esto y para ello cuenta con la oposición de los fabricantes, que consideran que los vehículos son un producto tan elaborado, con características propias, que merecen un trato diferencial.
Desde los concesionarios se pide un nuevo tipo de reglamento de exención, que impida las prácticas abusivas de los fabricantes, pero que les preserve de un mercado totalmente liberalizado que permitiese vender vehículos en un supermercado, por ejemplo.