Las tablas de indemnizaciones por culpa del conductor, inconstitucionales

Las aseguradoras españolas han recibido un fuerte varapalo por parte del Tribunal Constitucional (TC). Este organismo ha calificado de inconstitucionales las tablas de indemnizaciones usadas en los accidentes de tráfico donde la culpa la ha tenido el conductor.
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Las tablas de indemnizaciones por culpa del conductor, inconstitucionales
Las tablas de indemnizaciones por culpa del conductor, inconstitucionales

Según el TC, se ha tomado esta decisión porque con los actuales baremos se impide analizar de circunstancias particulares de cada caso. Las víctimas de accidentes de tráfico están imposibilitadas para justificar procesalmente que las pérdidas patrimoniales producidas como consecuencia de las lesiones corporales son superiores a las marcadas por la ley.
La intención del Constitucional es la de dar la responsabilidad de fijar las indemnizaciones a los jueces, que deberán fijarla "con arreglo a lo que oportunamente se acredite en el correspondiente proceso" . La actual normativa establecía una media de las pérdidas que pudiera sufrir un ciudadano medio por cada día de incapacidad para el desempeño de su trabajo y no permitía individualizar cada uno de los casos. Esto obligaba a la víctima, en palabras del TC, "a soportar una parte sustancial de las pérdidas económicas derivadas del daño personal padecido".
El TC, sin embargo, mantendrá los baremos en el caso de aquellos accidentes en los que el responsable no sea el conductor. Para el organismo judicial, las indemnizaciones, en este caso, están correctamente formuladas.
El director general de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha calificado la decisión de "muy positiva e importantísima" y considera que pondrá fin a la "situación de injusticia" creada por la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de noviembre de 1995.
Esta normativa impuso la fijación de las indemnizaciones con la imposibilidad de salirse de ellos. Tras los primeros recursos de inconstitucionalidad, en el año 1996, el sector asegurador propugnó una subida de las compensaciones con el fin de evitar una decisión drástica del Constitucional. Estos cambios, que supusieron un gasto adicional de 50.000 millones de pesetas, se reflejaron en la Ley de Acompañamiento de 1998.
La decisión de acabar con los baremos ha sido recibida de forma negativa por parte de las aseguradoras que vaticinan un descontrol judicial, ya que para casos similares se establecerán indemnizaciones muy dispares. Otra consecuencia a medio plazo será la elevación de los precios de las primas ante el previsible aumento de los gastos de las compañías.

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