La fiscalía Anticorrupción investiga si Repsol-YPF, BP y Cepsa pactaron los precios

Según fuentes del Tribunal de Defensa de la Competencia, hasta el momento hay cinco expedientes en curso, aunque en los servicios de la competencia de la defensa del Ministerio de Economía podría haber más. El Gobierno ha anunciado que actuará con contundencia si se prueban las acusaciones.
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La fiscalía Anticorrupción investiga si Repsol-YPF, BP y Cepsa pactaron los precios

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado el inicio de una investigación para esclarecer si las tres grandes operadoras del país —Repsol-YPF, BP y Cepsa— han pactado los precios de sus carburantes. La investigación fue ordenada por el fiscal Jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y cuenta con el visto bueno del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Las indagaciones se centran en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, establecido en el artículo 284 del Código Penal. Si se encuentran indicios de ello, las indagaciones podrían acabar en denuncia o querella, en cuyo caso responderían los directivos de las compañías. De lo contrario, el asunto quedaría archivado.
La investigación emprendida por Anticorrupción paralizará los expedientes que en estos momentos tramita el Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con este caso, debiendo esperar éste a que la fiscalía concluya todas sus diligencias. Según fuentes del Tribunal, hasta el momento hay cinco expedientes en curso, aunque en los servicios de la competencia de la defensa del Ministerio de Economía podría haber más.

Las tres principales operadoras petrolíferas, que copan el 80 por ciento del mercado español, niegan la existencia de cualquier pacto y achacan la vertiginosa subida del precio de los carburantes a los escasos márgenes comerciales provocados por el encarecimiento del petróleo y la debilidad del euro. En cambio, los diferentes colectivos involucrados en este asunto no se creen las explicaciones de las compañías petroleras y les acusan de haber suscrito un pacto no verbal entre ellas, que ha provocado la subida del precio de los combustibles en seis ocasiones durante el pasado mes de mayo. La propia comisaria de Energía y Transportes, Loyola de Palacio, ha calificado de "incomprensibles" los precios del producto en España. Y el Gobierno ha advertido ya que actuará con contundencia si se prueban las acusaciones.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (FENADISMER) ha acordado comparecer en la fase de instrucción con el fin de aportar pruebas precisas tendentes a demostrar la situación de oligopolio de las petroleras españolas, según un comunicado emitido por la federación. Por su parte, la organización de Consumidores y Usuarios ha mostrado su satisfacción por la decisión de la fiscalía Anticorrupción, para aclarar de una vez "si lo que todos los consumidores perciben como algo cierto, lo es".
Alfonso Cortina, presidente ejecutivo de Repsol-YPF, ha declarado que, por el momento, la petrolera no ha recibido notificación ninguna del inicio de esta investigación. Además, ha negado totalmente que la compañía que él preside haya contratado ni fijado los precios de los combustibles con el resto de las petroleras. Por último, Cortina ha adelantado que, tras el verano, la situación tenderá a normalizarse, aunque los precios se mantendrán altos.
Por otra parte, recientemente se anunció la intención del Tribunal de Defensa de la Competencia de solicitar al Gobierno una ampliación de capital de la Compañía Logística de Hidrocarburos con el fin de acabar con el control que tiene la petrolera Repsol sobre ella. Aunque este proceso queda en suspenso tras el anuncio de la fiscalía.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos, en octubre de 1998, que liberalizó el sector de los carburantes en España, el precio del gasóleo ha aumentado un 30 por ciento, el de la gasolina súper un 29 por ciento y el de la sin plomo un 25 por ciento. Algo parecido está ocurriendo en diversos países europeos y Estados Unidos. En Italia, la autoridad de la competencia ha impuesto una multa de 55.000 millones de pesetas a las principales distribuidoras de carburantes —Agip, Esso, Q-8, Erg, Fina, Tamoil y Shell— en su territorio por limitar el poder de decisión de las estaciones de servicios en el establecimiento de los precios finales al consumidor. Alemania, Francia y Estados Unidos se encuentran inmersos en procesos similares.

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