Más trabas al proyecto de reforma de la M-30

El proyecto estrella del Ayuntamiento de Madrid, la reforma integral de la circunvalación M-30, se complica aún más. El Ministerio de Medio Ambiente exigió ayer que las obras se sometan necesariamente a la declaración de impacto ambiental. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que el Gobierno central no tiene competencias sobre esta infraestructura.
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Más trabas al proyecto de reforma de la M-30

Toda esta presión, no obstante, no parece alterar a Gallardón. El alcalde de Madrid considera que las declaraciones de Narbona son solamente una vuelta de tuerca política que no tendrá ninguna repercusión en su proyecto. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el Ministerio no tiene competencias sobre estos trabajos, después de que el Consejo de Ministros del anterior Gobierno del Partido Popular transfiriera la titularidad de la vía (junto a 53 millones de euros) al Consistorio el pasado 22 de febrero.

Desde entonces, según informan desde el Ayuntamiento, la circunvalación ya no debe considerarse “carretera”, lo que sí necesitaría la aprobación de Medio Ambiente, sino “calle”. La Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental especifica que sólo la reforma de las carreteras son susceptibles de necesitar declaración de impacto ambiental.

En la Casa de la Villa afirman que, en caso de que las obras precisen dicho informe, será la Comunidad la encargada de realizarlo, un aspecto que –sin embargo- tampoco está del todo claro. Al Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre no le acaban de convencer los planes de Gallardón, por lo que ha decidido mantenerse momentáneamente al margen del conflicto pidiendo también la intervención del Consejo de Estado.

Izquierda Unida, por su parte, también ha decidido tomar parte en el asunto y hoy pedirá en el pleno del Ayuntamiento de la Capital que se paralice el proyecto. Su portavoz, Inés Sabanés, considera “caóticos” los planes del alcalde y exige “que se hagan públicos los informes que han inducido a algún responsable municipal a valorar la situación del Manzanares como de desastre ecológico”.

Por otra parte, Izquierda Unida tiene la intención de presentar en la Asamblea de Madrid en los próximos días una proposición no de ley para exigir al Ministerio de Fomento que haga gratuitas todas las radiales de peaje de la región. Para que prospere esta iniciativa, tanto PSOE como PP deberán votar mayoritariamente a favor de la propuesta. Los socialistas ya contemplaban este compromiso en el programa con el que concurrieron a las pasadas elecciones a la Presidencia de la Comunidad, mientras que los populares, que siempre se negaron a ello, estudian ahora su aprobación para poner en un compromiso al nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

A Gallardón no le acaban de salir las cuentas. El alcalde de Madrid aseguró el pasado viernes, durante la presentación en público de su proyecto estrella, que los trabajos de reforma de la M-30 comenzarían, a más tardar, tras la conclusión del verano. Cuatro días después, sin embargo, este compromiso parece difícil de cumplir: a las ya conocidas objeciones del Gobierno central para la aprobación de la Operación Chamartín (una de las obras de mayor envergadura), se han unido en las últimas horas las exigencias medioambientales.

En concreto, uno de los mayores problemas a los que deberá hacer frente Alberto Ruiz-Gallardón tiene nombre y apellidos: Cristina Narbona. La nueva ministra de Medio Ambiente, anterior concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha decidido abrir su primer frente en la capital, tal y como demostró ayer durante la toma de posesión de su nuevo cargo.

En su primera intervención, Narbona exigió que la reforma de la M-30 se someta a la polémica declaración de impacto ambiental, un trámite que Gallardón está decidido a saltarse. La titular de Medio Ambiente aseguró que las obras del tercer cinturón de la capital necesitan el preceptivo informe antes de iniciarse, “porque es una carretera y es la Confederación Hidrológica del Tajo (dependiente de su cartera) quien debe pronunciarse sobre la idoneidad de utilizar el dominio público hidraúlico”

Cristina Narbona explicó que una de sus primeras decisiones será solicitar un informe al Consejo de Estado. Este organismo, cuyas decisiones no son vinculantes, tiene previsto emitir un dictamen que determine si la remodelación de la infraestructura, que incluye el soterramiento de seis kilómetros de la vía a su paso por el río Manzanares, requiere un informe ambiental previo o no.

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