Los conductores se benefician de los “paraísos fiscales”

Los municipios españoles presentan una fiscalidad tan diversa en materia de vehículos que algunas localidades han doblado en los últimos años su parque automovilístico, sin haber aumentado su población. La explicación está en el “éxodo” que algunas empresas de rénting llevan a cabo, atraídas por los bajos impuestos.
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Los conductores se benefician de los “paraísos fiscales”
Los conductores se benefician de los “paraísos fiscales”

Robledo de Chavela (Madrid) es una localidad con 2.645 vecinos. Sin embargo, su parque automovilístico es de 40.468 coches; es decir, existen 15,3 vehículos por cada habitante -la media de la comunidad es de 0,68-, según el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Hace dos años, la situación era distinta, ya que este municipio contaba con 1.514 coches. La razón de este incremento (que llega al 2.573 por ciento) está, en parte, en la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas en septiembre de 2000, que impide identificar el origen de los vehículos. Desde entonces, miles de conductores “empadronan” sus automóviles en localidades con una menor presión fiscal (Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Torrelaguna…), aunque nunca circulen por ellas. Esto permite la duplicación anual de su parque automovilístico, aunque el crecimiento de su población sea mínimo.

Las empresas de rénting y de alquiler de coches fueron las primeras en beneficiarse de las ventajas ofrecidas por estos “paraísos fiscales”. Atraídas por las notables diferencias de precios entre los impuestos locales de algunas capitales de provincia e incluso entre los municipios de una misma comunidad autónoma, matriculan sus vehículos en las localidades más baratas. En Robledo de Chavela, por ejemplo, pagan 8,5 euros, mientras que en Madrid tendrían que abonar 56 euros.

Las desigualdades entre los diversos distritos se hacen más patentes en las grandes ciudades. Según el informe de AEA, los conductores de Barcelona pagan por su automóvil 68,15 euros, un 21,6 por ciento más en impuestos locales que en Madrid, un 34 por ciento más que en Valencia y un 43 por ciento más que en Santa Cruz de Tenerife.

Un vehículo de tipo medio, con 11 CV de potencia fiscal, pagará 18,75 euros al Ayuntamiento de Melilla, 56 euros al de Madrid y 68,15 al de Barcelona. En la capital, cuatro millones de automovilistas abonan anualmente 210 millones de euros, con márgenes de diferencia que llegan, en función de los consistorios emisores de la tasa, al 84 por ciento.

Ceuta, Melilla, Soria, Zamora, Cáceres y Pamplona son algunas de las ciudades más baratas en lo que a gravámenes sobre el vehículo se refiere. En estas localidades, los automovilistas pueden ahorrarse hasta 40 euros al año si lo comparamos con la media nacional (56 euros). Esta situación, indica AEA, se debe a una ley, creada en 1990, que permite a cada ayuntamiento fijar libremente el Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, dentro de unos márgenes preestablecidos (la Ciudad Condal, por ejemplo, está en el límite máximo). La aplicación de esta norma genera anualmente unos ingresos de 1.403 millones de euros –233.000 millones de pesetas-, que van a parar directamente a las haciendas locales. Lleida, San Sebastián, Bilbao, Córdoba, Tarragona y Girona tienen las tasas más altas.

En el caso de las motocicletas, las disparidades son aún más abismales. Por ejemplo, una moto de 500 cm3 pagará 8,33 euros en Melilla y 33,33 euros en San Sebastián. La diferencia llega hasta el 300 por ciento en algunos casos, mientras que se queda en el 256 por ciento para los vehículos de cuatro ruedas.

Actualmente, tres tipos de impuestos gravan el automóvil. El de Adquisición de Vehículos y Matriculación recauda un 16,6 por ciento, el Especial sobre Hidrocarburos consigue un 71 por ciento, mientras que el de Circulación aporta un 8 por ciento de los 20.934 millones que el Estado se embolsa anualmente gracias a estas tasas.

Esta situación podría cambiar dentro de poco, pues la fiscalidad sobre los vehículos está siendo debatida en la Unión Europea. Los impuestos que gravan la adquisición de un coche (IVA y matriculación) deberían ser abolidos, según reclama el Ejecutivo comunitario, mientras que aquellos que imponen cargas sobre su uso (como el de Hidrocarburos) tendrían que armonizarse.

Asimismo, la Comisión pretende vincular la fiscalidad de los automóviles, en especial la de los turismos particulares, a políticas medioambientales, penalizando las emisiones contaminantes de CO2y primando la compra de coches ecológicos.

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