Aunque el portavoz socialista en Infraestructuras de Transporte, José Segura, ha afirmado que “ninguna obra de las que se encuentran en marcha será paralizada", la política vial española sufrirá en los próximos meses un vuelco similar al que arrojaron las urnas el pasado domingo. De momento, y a la espera de próximos anuncios, el PSOE ha garantizado ya una nueva ley de financiación del transporte y ordenación de los sistemas tarifarios.El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defiende la necesidad de desarrollar un nuevo marco que potencie el carácter público de los servicios, “para que se presten a la movilidad ciudadana". En este sentido, las mayores modificaciones podrían surgir en Madrid, donde los socialistas se oponen frontalmente a la política de autopistas de peaje emprendida por el Ejecutivo regional y la actual Administración en funciones.Uno de los primeros planes que podrían suspenderse, si así lo considera el nuevo titular de Fomento, es el de la construcción de la R-1, una autovía de peaje programada para descongestionar la actual carretera de Burgos. Este proyecto, ideado por la presidenta de la Comunidad de Madrid –Esperanza Aguirre-, sólo vería la luz si el Estado decidiera apoyarlo y financiarlo, algo que parece poco probable.En la misma situación que la R-1 se encuentran los proyectos de terminación de la M-50 y de la M-60. No obstante, aunque en este caso Fomento también tiene la última palabra, los planes no contarían –en principio- con la oposición socialista, al tratarse de obras públicas gratuitas.El futuro ministerio socialista de Medio Ambiente también tendrá mucho que decir en materia de infraestructuras. Por lo pronto, deberá resolver el proyecto anunciado por Aguirre de desdoblar la M-501 (carretera de los pantanos). Y parece seguro que no se llevará a la práctica, pues los socialistas han mostrado ya su oposición a un proyecto que atraviesa gran parte de una región ZEPA (siglas de Zona de Especial Protección Ambiental).El futuro nombramiento de Zapatero como presidente del Gobierno también podría suponer un cambio en la política de infraestructuras de la capital. Así, al menos, lo ha entendido su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha decidido paralizar por un tiempo indeterminado el ambicioso proyecto que representa la llamada Operación Chamartín. Esta obra supondría la ampliación del paseo de la Castellana desde el Nudo Norte hasta la M-40. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el polémico proyecto de soterramiento de la circunvalación M-30. Según el vicealcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo, “esta obra afecta a una vía urbana. Por lo tanto, es intocable y se llevará a cabo sin que influya el cambio de Gobierno en la región".No opina lo mismo la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Trinidad Jiménez: “La M-30 es una obra perfectamente urbana, después de que hace poco Fomento la traspasase al Consistorio. Pero, en cuestión de grandes decisiones, lo ideal sería que Gallardón dialogara con los nuevos dirigentes".
El PSOE revisará las infraestructuras pendientes
La victoria del PSOE en las elecciones generales ha abierto un nuevo panorama en materia de infraestructuras. Sus futuros ministerios de Fomento y Medio Ambiente deberán aprobar o rechazar en los próximos meses numerosos proyectos ya previstos. En Madrid, por ejemplo, peligran hasta 5 obras pactadas por el Partido Popular.
