La liberalización de las ITV, fruto de la polémica

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España está viviendo una situación de desconcierto. Han pasado tres años desde que el Gobierno aprobara la liberalización de este servicio y todavía no se ha iniciado el proceso. Al mismo tiempo, varias comunidades y la patronal del sector esperan que sus recursos acaben con la normativa.
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La liberalización de las ITV, fruto de la polémica
La liberalización de las ITV, fruto de la polémica

La apertura a la competencia de la Inspección Técnica de Vehículos en nuestro país se aprobó hace tres años con el objetivo de hacer bajar los precios y mejorar la calidad del servicio.

El pasado mes de enero se cumplió el plazo máximo que el Gobierno había fijado para que las diferentes comunidades autónomas establecieran las fechas del proceso. Éstas se retrasarán en el tiempo hasta llegar al año 2010 a causa de que la mayoría de las concesiones aún estarán vigentes para esa fecha. Según la norma, cualquier taller podría realizar las inspecciones obligatorias.

Demostrado que la liberalización del mercado no llegará hasta un futuro algo más lejano, otro de los problemas a los que se enfrenta la normativa de apertura del mercado a la competencia es que está recurrida.

Ocho comunidades autónomas, ninguna de ellas gobernadas por el Partido Popular, han presentado un recursos ante el Tribunal Constitucional ya que consideran que el Ejecutivo quiere regular un campo que forma parte de sus competencias.

También las empresas privadas que por el momento gestionan las ITV en España se han opuesto a la ley y la tienen recurrida en el Tribunal Supremo. Estas compañías, a través de su patronal, AECA-ITV, creen que la liberalización no va a traer nada bueno al sector.

En primer lugar, sostienen que los precios no bajarán y citan como ejemplo lo que ha sucedido en el Reino Unido que vio como las tarifas se elevaban tras la apertura a la competencia.

Tampoco creen que se mejore la calidad del servicio y defienden que las concesiones sean la mejor forma de asegurar la imparcialidad a la hora de la inspección de un vehículo; además, que talleres pudieran tener ITVs crearía un conflicto de intereses.

Finalmente, la liberalización puede provocar efectos secundarios negativos como el que algunas zonas, las menos desarrolladas económicamente, se queden sin este servicio y los automovilistas deban desplazarse a otras comunidades. Esto ya sucedió, según algunos representantes del sector, cuando se produjo la liberalización de las inspecciones obligatorias a conductores profesionales en 1982, una experiencia que fue un fracaso y que el Gobierno tuvo que retirar.

Algunos analistas del sector señalan que, a pesar de la apertura a la competencia, el negocio de las ITV no cambiará demasiado, puesto que la inversión previa para abrir una ITV es bastante elevada, del orden de tres millones de euros, lo que hace necesario un fuerte apoyo financiero.

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