¿Desoye el Gobierno las leyes medioambientales en carreteras?

La arteria central de Madrid, la M-30, tiene que ser reformada. Es una obra faraónica que supone, incluso, el soterramiento de parte de la vía por debajo del Manzanares. Sin embargo, estos trabajos podrían “saltarse” los estudios medioambientales.
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¿Desoye el Gobierno las leyes medioambientales en carreteras?
¿Desoye el Gobierno las leyes medioambientales en carreteras?

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado que el soterramiento de la M-30 quede eximida de los estudios medioambientales. Según argumentan, se pretende agilizar los procesos y, además, han presentado ya seis tomos de estudios sobre la tierra que tendrán que mover, cómo se evacuarán los gases y cómo intentarán que el impacto en la flora y la fauna de la zona sea mínimo.

Sin embargo, la oposición considera que no es suficiente. El Ayuntamiento quiere enterrar la M-30 justo por debajo del río Manzanares, una zona de importante contenido ecológico y además declarada “bien de interés cultural”. Por eso, el Partido Socialista está dispuesto a denunciar el caso ante la Unión Europea.

La M-30 todavía depende de Fomento; el Ayuntamiento no tomará su titularidad hasta marzo. Sin embargo, el consistorio ya ha prometido que las obras estarán terminadas en 2007. Tampoco hay que olvidar que el proyecto diseñado por el equipo de Gallardón se puede calificar de “faraónico”: 20 actuaciones distintas y un presupuesto de 3.000 millones de euros. El tiempo, por lo tanto, es oro.

España todavía está lejos de sociedades como la suiza, donde cualquier infraestructura está sometida a largos períodos de estudio. En este país centroeuropeo, por sólo citar un ejemplo, llevan veinte años estudiando si harán un túnel bajo el lago Léman, en Ginebra.

Sin embargo, nuestro país se ha ido concienciando poco a poco sobre los problemas medioambientales que puede acarrear cualquier inversión en infraestructuras. En Madrid, en concreto, existe una ley aprobada en febrero de 2002 sobre evaluación ambiental. Según este texto, cualquier obra en carreteras que afecte al menos a 30 kilómetros de trazado debe someterse a un estudio medioambiental, pero –y éste es el punto en el que se apoya el Ayuntamiento de la capital- la ley también presenta unas exenciones con el fin de agilizar algunos trabajos.

Las infraestructuras no son tan sólo un servicio, también suponen un importante negocio. Por tanto, en muchas ocasiones los intereses de las constructoras chocan con los de los conductores y con el medioambiente. Así, la M-30 no es la única vía cuestionada en la actualidad.

En Segovia, una de las recién estrenadas infraestructuras, la autopista A-61, ha levantado ampollas. Sus 29 escasos kilómetros han protagonizado cientos de informes y varios recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La Plataforma Sierra de Segovia asegura que la construcción de esta vía era innecesaria: “Un pretexto para que Iberpistas lograra una prórroga en la concesión de la A-6”.

Otra vía en el punto de mira es el cinturón del Vallés, una autopista que unirá Arbera con Terrasa (Barcelona). Su trazado se proyectó hace 10 años, pero todavía los empresarios y los ecologistas y vecinos de la zona no han llegado a un acuerdo. De momento, una vía que se considera clave para el desarrollo económico de la región se mantiene en el aire.

Son sólo algunos ejemplos: M-40, las nuevas radiales madrileñas… son otros de los casos polémicos que encontramos sin tener que movernos de la capital.

La automoción también tiene otro frente abierto: el protocolo de Kioto. Como se sabrá, en esta ciudad japonesa se acordó en 1997 (en la III Cumbre sobre Cambio Climático) reducir las emisiones contaminantes, entre ellas las de los vehículos. Para el año 2012, la Unión Europea se ha comprometido a reducir en un 8 por ciento los gases contaminantes en comparación con los que emitía en 1990.
El Gobierno español acaba de presentar una lista donde se recogen 440 medidas para adaptarse a los cánones fijados en Kioto. De estas propuestas, 48 se refieren al transporte: ayudas fiscales a vehículos menos contaminantes, renovar el parque automovilístico, apostar por el bioetanol y el biodiésel como carburantes, reforzar la peatonalización y el transporte público…
Sin embargo, las normas presentadas por el Ejecutivo no han contado con el beneplácito del PSOE, de las siete comunidades autónomas y de los ayuntamientos donde gobiernan los socialistas, así como de las organizaciones ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF/Adena y de los sindicatos CC.OO. y UGT. Según alegan, se tratan de medidas excesivamente genéricas y abstractas.

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