La sociedad exige medidas urgentes en materia de tráfico

El debate por fín se ha abierto en la sociedad española. Los 76 muertos en carretera registrados durante el pasado Puente de la Constitución no han dejado indiferente a ningún sector de la población. Numerosas asociaciones exigen ahora un endurecimiento de la legislación vigente, mientras que el Gobierno espera las conclusiones de la subcomisión de Tráfico en el Congreso y rechaza un plan socialista para reducir en un 30 por ciento los accidentes mortales.
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La sociedad exige medidas urgentes en materia de tráfico
La sociedad exige medidas urgentes en materia de tráfico

Algo ha cambiado en la sociedad española en los últimas dos días. Las 76 víctimas mortales registradas en las carreteras en apenas 81 horas han provocado ya numerosas reacciones entre la población, que empieza a ser consciente de un problema que se presenta como primera causa de mortalidad en nuestro país y que, cada fin de semana, deja un auténtico reguero de muertes por toda la geografía nacional.

El drama es terrible. A falta aún de lo que deparen las próximas Navidades, los 55 accidentes mortales ocurridos estos días elevan ya a 3.769 personas el número de fallecidos este año sobre el asfalto. Esta cifra, que será estudiada en los próximas días por la subcomisión de Tráfico en el Congreso de los Diputados, supone, sin embargo, un importante paso atrás en el compromiso asumido por la Administración de reducir el número de víctimas en 2003. Ante esta circunstancia, Oposición y asociaciones han puesto ya sobre la mesa numerosos proyectos para intentar acabar con la alta siniestralidad.

El Pleno del Congreso, por ejemplo, rechazó ayer mismo una proposición no de ley del PSOE sobre el incremento de la Seguridad Vial, en la que los socialistas proponían una serie de medidas encaminadas a reducir en 5 años y en un 30 por ciento los accidentes de tráfico. En defensa de este proyecto, el diputado Victorino Mayoral aseguró que las carreteras españolas son “las más inseguras de Europa” y enumeró las iniciativas que su grupo considera necesarias para acabar con el problema.

Entre ellas, el Partido Socialista solicita el incremento en 3.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y un tratamiento más severo para los conductores que cometan las infracciones más graves. En este sentido, Mayoral defendió el desarrollo de un Plan Estratégico de Seguridad Vial que refuerce con 120 millones de euros, procedentes de las multas y tasas gestionadas por la propia DGT, la financiación de una nueva Agencia Nacional, en la que participen el Ministerio del Interior, las comunidades autónomas y los municipios.

En la misma línea, y con el objetivo de endurecer las sanciones, son varias las asociaciones que ya se han apresurado a mostrar su malestar con la Administración. En Cataluña, por ejemplo, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), el Servei Catalá de Transit (PAT) la Prevenció de Accidentes de Tránsit (PAT) han emitido un comunicado en el que exigen la creación del carné por puntos (que ha dado grandes resultados en Italia) y la aplicación de la fórmula francesa de “tolerancia cero” (que ha reducido en más de un 30 por ciento las muertes en carretera).

No son éstas las únicas propuestas. El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) y la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) han optado en cambio por pedir una mayor formación para los conductores. ”Endurecer la ley no es la única medida necesaria. Tienen que funcionar la represión y también medidas complementarias de educación a medio y largo plazo”, asegura Eugenio de Dobryne, portavoz de CEA.

A raíz de los últimos acontecimientos, los Mossos d’Esquadra han comenzado ya a establecer controles de alcoholemia en Tarragona con el objetivo de disuadir a los conductores con vistas a las celebraciones de Navidad. Los agentes llevarán a cabo un millar de controles, tanto en carreteras nacionales como comarcales, los días en que se organizan más comidas de empresas, es decir, los miércoles, jueves y viernes.

La DGT, que aplicará en enero la nueva batería de medidas de control más rigurosa con los conductores, ha decidido no pronunciarse todavía sobre el problema, aunque sí ha asegurado que no tiene una única causa para explicar lo ocurrido durante el pasado puente. “Ha hecho mal tiempo y se han dado 12 millones de desplazamientos, pero eso no basta para encontrar una causa común a todos los accidentes”, comentan desde el órgano dependiente del Ministerio de Interior.

El Gobierno, por su parte, ha optado por prorrogar hasta la próxima semana el plazo para la conclusión de los trabajos aportados por la Subcomisión de Tráfico, encargada de realizar un informe sobre medidas dirigidas a incrementar la Seguridad Vial en España. Mientras tanto, eso sí, acusan a la oposición de “oportunismo”, ya que, según subraya la diputada Ana Torme, “el PP está haciendo un gran esfuerzo inversor en materia de tráfico, con más y mejores infraestructuras y un incremento de la presencia policial en las carreteras”.

La solución para Torme radica en “evitar la utilización de las víctimas con fines partidistas e impulsar medidas que permitan avanzar en la lucha contra la siniestralidad”.

Mientras se endurece el enfrentamiento político, otras cuatro personas fallecieron ayer en un trágico accidente de carretera. En esta ocasión, cuatro obreros que trabajaban en la construcción de la nueva R-5 de Madrid perdieron la vida al chocar su furgoneta contra una máquina de asfaltado de la futura autopista. Uno de los brazos articulados de la máquina segó la parte superior del vehículo, matando a todos sus ocupantes, de entre 40 y 50 años. La colisión se produjo en un tramo sin iluminar y bajo una intensa lluvia.

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