Fomento reparará las autovías más antiguas

Después de un año de tira y afloja, el Ministerio de Fomento ha logrado encontrar la fórmula para financiar las reparaciones que necesitan las autovías más antiguas. Repararlas cuesta 1.800 millones de euros, un elevado coste que, según explica el diario Cinco Días, se irá pagando a lo largo de los próximos 20 años.
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Fomento reparará las autovías más antiguas

Arreglar las nacionales I, II, III y IV, las carreteras que van de Madrid a Irún, Zaragoza, Valencia y Córdoba, es un antiguo objetivo del Ministerio de Fomento, su titular. El Gobierno considera prioritario convertir estas autovías de “primera generación” en vías de alta capacidad, modernas y seguras.

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p> Hace ya varios meses que dábamos cuenta de las dificultades que tenía el ministerio de Álvarez Cascos para encontrar el dinero que cuestan estas mejoras, unos 1.800 millones de euros. Hacienda consideraba que era un precio muy alto para asumirlo de una vez, con lo que proponía a Fomento que las arreglase por partes, concediendo cada tramo al mejor postor.

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p> Al final, Fomento ha aceptado la fórmula, pero la ha perfeccionado. En lugar de conceder cada tramo, ha decidido concederlas enteras. Así, cada empresa adjudicataria se hará cargo de una carretera y se encargará de su modernización y mantenimiento durante 20 años. A cambio, recibirá una cantidad de dinero anual. De esa forma, los 1.800 millones de euros se diluyen a lo largo de dos decenios. Después de ese tiempo, la responsabilidad volverá a ser pública.

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p> Esta modalidad es muy novedosa en la Administración española. Se mantiene la titularidad pública de las vías, pero se delega su mantenimiento. El truco está en que las empresas constructoras se hacen cargo del mantenimiento a largo plazo. Así, para rentabilizar ese contrato, las concesionarias tendrán que hacer un buen trabajo de partida: si la modernización de las carreteras es buena, tendrán que hacer muchas menos reparaciones después y, por tanto, se quedarán con más dinero limpio del pago anual que les haga el Estado.

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p> En realidad es un peaje en sombra, es decir, la Administración paga por el uso que los ciudadanos hacen de la infraestructura. En los peajes normales, como es bien sabido, cada usuario paga su uso.

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Toda la operación es un verdadero intríngulis legal. El carácter público de las carreteras dificulta todo el proceso. Para hacerse cargo de ellas, las concesionarias tienen que incluirlas como parte de sus activos. Lo mismo sucederá con las mejoras y ampliaciones que hagan, que serán suyas durante 20 años y no del Estado. La dificultad, según explica el diario Cinco Días, estriba en separar la infraestructura actual de la que construyan las constructoras y, después, considerarlo todo como un conjunto.
Para solucionar el conflicto, se ha previsto que el Estado transfiera las carreteras a las empresas como “aportaciones en especie a la concesión”. A cambio, la Administración se hace con una participación en la sociedad concesionaria.

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p> Después, el Estado sólo tiene que apuntar los pagos que haga cada año, con lo que el montante total de la operación se reparte en 20 años. Se evita así el golpe que supondrían los 1.800 millones para las arcas públicas si se tuviese que pagar todo de una vez o en un plazo muy corto de años.

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p> Ahora queda por ver cuándo se adjudicarán las obras. En principio, no parece que se empiece a trabajar hasta la próxima legislatura, siempre y cuando el Partido Popular gane las elecciones de mayo.

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