Opel Holanda, condenada por competencia desleal

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea ha confirmado la sanción que la Comisión Europea impuso en su día a Opel de Holanda. Los comisarios habían castigado a Opel por prácticas restrictivas de la competencia.

Opel Holanda, condenada por competencia desleal
Opel Holanda, condenada por competencia desleal

En 1996, la Comisión Europea supo que algo raro pasaba en la red comercial de Opel en Holanda, controlada por la empresa Opel Nederland. Rápidamente se organizó un grupo de investigación que, en 2000, dictaminó que Opel llevaba a cabo prácticas restrictivas de la competencia en Holanda. Según la investigación, Opel había llegado a acuerdos con sus distribuidores en los que les impedía suministrar coches a consumidores finales o a otros distribuidores de su red. Es decir, quería compartimentar el mercado holandés de tal forma que cada distribuidor sólo pudiera llevar los coches a unas zonas concretas y a unos concesionarios específicos.
Esto suponía, según la Comisión, una práctica restrictiva de la competencia, porque la normativa comunitaria sólo permite prohibir la entrega de productos a distribuidores de otra marca.

En aquella ocasión, la Comisión decidió imponer una sanción a Opel y una multa de 43 millones de euros. Tenía en cuenta el Ejecutivo comunitario la sólida posición comercial de Opel tanto en Holanda como en el resto de Europa, con el consiguiente riesgo de contagio de este tipo de acuerdos.

Inmediatamente, Opel recurrió la sanción ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE, que, tres años después, ha ratificado la decisión de la Comisión. Es decir, Opel tendrá que hacer frente a la multa. Eso sí, el Tribunal no ha encontrado “pruebas de la existencia de una estrategia restrictiva de carácter sistemático en materia de abastecimiento y de primas, así como de una prohibición directa de las exportaciones a consumidores finales y a los distribuidores de Opel establecidos en otros Estados miembros". En función de esta falta de pruebas, la sanción se ha rebajado a “sólo" 35,47 millones de euros.