Cuenta atrás para el peaje alemán

Los transportistas españoles esperan con inquietud la introducción del peaje en las autopistas alemanas y vaticinan que la tasa afectará de forma muy seria a la política de cohesión del mercado único. En Alemania, mientras tanto, arrecian las críticas hacia la empresa encargada de poner en marcha un sistema que ya debería funcionar desde finales de agosto. Le acusan de estar al frente de una de las mayores chapuzas, que provoca cada día pérdidas millonarias a una economía germana muy debilitada.
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Cuenta atrás para el peaje alemán
Cuenta atrás para el peaje alemán

Aunque todavía no hay estimación real del coste que los alemanes cobrarán a los -entre otros- más de 25.000 camioneros españoles que viajan al extranjero, el sector nacional de transportistas se opone frontalmente a la nueva medida que implantará el Gobierno de Schroeder. Nuestros profesionales consideran que el cobro de tasas por el uso de autopistas en Alemania perjudicará notablemente a la industria española.

Antonio Millán, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ha destacado que España exporta, principalmente, productos básicos cuyo precio se verá afectado muchísmimo más que el de los productos más caros. Para Millán, la nueva medida es incongruente, ya que “no tiene sentido cobrar la misma tasa para un kilo de naranjas que para un kilo de ordenadores”.

El secretario general de Fenadismer ha manifestado también su rechazo a que el dinero recaudado a los transportistas sirva para financiar la red ferroviaria alemana, pues “sin duda, es el mayor competidor del camión”. La Asociación ha anunciado ya la creación de una plataforma, junto a los agricultores españoles, para hacer frente a este proyecto.

Por su parte, Javier Baranda, jefe de comunicación de la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), pone en duda que la tasa alemana sólo represente los costes de la infraestructura viaria. Baranda, quien ha exigido a la UE un estudio real de los costes del proyecto, asegura que “los mayores inconvenientes del sistema son su elevado precio, la inflexibilidad que provoca a los conductores y la falta de interpretatividad con otros sistemas de recaudación europeos”.

Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transporte y Energía, Loyola de Palacio, ha salido en defensa de los transportistas españoles. Según ha asegurado, “en ningún caso permitirá que se apliquen en la UE propuestas sobre el transporte de mercancías que puedan tener efectos discriminatorios”. De Palacio indicó que, con el fin de aclarar algunos aspectos de la actual directiva, ha planteado una propuesta de modificación, en la que se excluye que se pueda cobrar “por un mero derecho de paso”. La comisaria europea plantea que sólo pueda cobrarse una compensación por el coste producido por la utilización de una infraestructura.

Si la polémica crece entre los transportistas españoles, no son menores las críticas que el sistema de tasas ha levantado en Alemania. Allí, sin embargo, las acusaciones llegan por la tecnología, incapaz de poner en funcionamiento un sistema que debería estar activo desde agosto.

Y es que el consorcio Toll Collect, creado por las empresas más emblemáticas de la tecnología alemana (DaimlerChrysler y Deutsche Telekom), no logra dominar los fallos técnicos. Por el momento, sólo funcionan correctamente el 55 por ciento de los aparatos de recaudación automática instalados, el resto lo hacen de manera defectuosa.

Ante los numerosos problemas, que han obligado a retrasar el inicio del proyecto (ahora programado para la primavera de 2004), el encargado del sistema, Michael Rummel, dimitió ayer de su cargo. Destacados políticos y empresarios alemanes han calificado ya de “vergüenza” lo ocurrido, pues ha creado “un daño sin precedentes para la imagen de Alemania como potencia tecnológica”. Mientras, las deficitarias arcas públicas germanas pierden 156 millones de euros por cada mes que se aplaza la recaudación.

Por otra parte, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado –paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia- a Portugal por no aplicar la directiva sobre la legislación social de los conductores de transporte por carretera. El Ejecutivo comunitario considera que Portugal ha incumplido “sistemáticamente” con el número mínimo de controles de días trabajados por cada conductor profesional y pretende prevenir así la competencia desleal en el sector, a la vez que mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los conductores.

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