Bruselas, sin dinero para la red de transporte

Los principales líderes europeos se reúnen este jueves en la capital belga para examinar la viabilidad de los proyectos aprobados por la Unión Europea en materia de transporte. Sin embargo, la Comisión duda ahora que la financiación procedente de los presupuestos nacionales y europeos sea suficiente para respetar los calendarios previstos.
Autopista -
Bruselas, sin dinero para la red de transporte

A pesar de que el Consejo Europeo tiene sobre su mesa una lista con 29 proyectos prioritarios incluidos en las denominadas grandes Redes Transeuropeas de Transporte (RTE), los líderes europeos consideran ahora que el número de planes es excesivo e inalcanzable para la economía europea actual (suponen un coste de 220.000 millones de euros). Por esta razón, la Comisión ha decidido reunirse desde hoy, y durante dos días, con el objetivo de encontrar una solución a las dificultades presupuestarias.

El organismo comunitario contempla como principal problema de financiación el que las inversiones públicas estén limitadas por el pacto de estabilidad, una iniciativa que garantiza el rigor presupuestario en los Estados miembros. Ante esta situación, la Comisión ha pedido a los servicios del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, que estudien la posibilidad de flexibilizar el pacto vigente. Así, la institución propone que las inversiones nacionales destinadas a la nueva red transeuropea no se contabilicen a efectos del déficit.

Entre las medidas a estudiar, los líderes europeos contemplarán también hoy la posibilidad de fijar una lista más reducida de proyectos “ultraprioritarios”. Además, Bruselas también ha propuesto que se utilicen para financiar los nuevos planes los ingresos procedentes de los peajes que abonan los camiones al utilizar las autopistas que conectan España y Francia.

La Comisión Europea cree que estas inversiones no “cuestionarían los grandes equilibrios económicos y monetarios de la zona euro”, ya que los expertos cuantifican que las inversiones públicas necesarias no superarían al año el 0,16 por ciento del PIB. Sin embargo, los analistas de la Dirección General de Transportes reconocen que el comisario Solbes rechaza por el momento estas actuaciones.

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