Multa de 300.000 euros a Mazda por competencia desleal

Mazda Motors protagonizará una sanción histórica por competencia desleal que puede marcar la relación entre los fabricantes y sus importadores locales. La decisión de Competencia aparece en un momento en el que los fabricantes luchan por controlar las redes de distribución, enmarcadas dentro de una nueva estrategia que ya están aplicando las principales compañías.
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Multa de 300.000 euros a Mazda por competencia desleal

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha dado la razón a Mazda España en el litigio que mantenía desde hace cuatro años con la que fue su matriz Mazda Motor Corporation, perteneciente al grupo estadounidense Ford.
Le ha impuesto una multa de 300.000 euros por prácticas restrictivas derivadas de la rescisión del contrato que le unía con su importador en nuestro país.
La familia Rodríguez-Villa controlaba el 68 por ciento de Mazda España, que distribuía los productos del otro accionista y proveedor, Mazda Motor, en nuestro país. El problema comenzó en 1999, cuando el fabricante nipón canceló las relaciones comerciales con Mazda España sin cumplir la normativa europea, que establece la obligación de que se efectúe un preaviso legal de dos años. En aquel momento, Mazda Motors creó Mazda Motors España, una nueva filial de su propiedad que se encargó desde entonces de la distribución de los coches en el mercado español, ocupando el sitio de lo que había sido Mazda España, la empresa de los Rodríguez Villa.
Otro sistema para la cancelación habría sido apelar a los mecanismos de resolución rápida que ofrece la UE en caso de no lograr un acuerdo entre las partes, pero no se utilizó.

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Augusto Rodríguez-Villa, ex presidente de Mazda España, podría reclamar ahora una indemnización que supera los 230 millones de euros. Por un lado, según explican, el demandante podría solicitar treinta millones de euros “en restitución de lo pagado durante el año que el contrato estuvo en infracción del derecho comunitario e indemnización de daños”.
Además, la empresa española solicita 200 millones de euros por competencia desleal y responsabilidad de los administradores.
El fabricante japonés, por su parte, estudia la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

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