La UE, dividida por los peajes

Francia y Alemania están a punto de instaurar un peaje para los camioneros que crucen su territorio. Sin embargo, España se opone a que en la UE se instauren "derechos de paso". Además, ha ocurrido un hecho insólito en nuestro país: por primera vez, una autopista vuelve a la Administración.
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La UE, dividida por los peajes
La UE, dividida por los peajes

Los ministros de Transportes de la Unión Europea han tenido una reunión más tensa de lo habitual. Las fronteras han vuelto a instaurarse, al menos, eso aseguran algunos de los Estados miembros. Francia y Alemania quieren que los camioneros que usen sus autopistas paguen un peaje especial que servirá para construir nuevas vías.

Hasta ahora, lo que recaudaba una autopista servía para cubrir su gasto, no el de otras carreteras. Esta última práctica -de dudosa legalidad para algunos- se denomina financiación cruzada. La comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, ha recalcado que sólo podría utilizarse para pagar infraestructuras que se encuentren en el mismo eje.

Francia y Alemania no son los únicos países que podrían cobrar un extra a los transportistas: Austria también estudia un peaje "ecológico" para salvaguardar los Alpes de contaminación y Reino Unido se ha mostrado muy interesado en el tema.

Entre los países que se oponen, destaca España, ya que -por su carácter periférico- será uno de los más perjudicados. Según el Consejo Superior de la Cámara de Comercio, esta medida podría costar a las empresas españolas más de 250 millones de euros.

Nuestro país no está solo: Finlandia, Portugal, Dinamarca y Holanda también se muestran muy beligerantes contra la medida defendida por Francia.

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Todos los países están de acuerdo en buscar "compensaciones por el uso de infraestructuras", pero -según Loyola de Palacio- "la realidad del mercado interior y de una economía moderna en ningún caso permite aceptar que haya derechos de paso, ni rentas de posición geográfica".

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En el consejo de ministros de Transportes, nuestro país ha defendido la inversión privada mediante el sistema de concesiones. Además, justo ahora, por primera vez en España una autopista ha vuelto a sus propietarios. Eso sí, muchos aseguradores se quejan de que no lo hayan notado en sus bolsillos.

Durante 35 años, la A-8 ha estado en manos de las empresas encargadas de su concesión. Permitía ir de Bilbao a San Sebastián en menos de una hora, pero era una de las autopistas más caras de toda España (por tan sólo 106 kilómetros cobraba 11,55 euros). Además, los conductores no tenían muchas alternativas: la carretera nacional transcurre por la montaña, entre numerosas poblaciones. Ahora, por fin ha terminado la concesión, pero -lejos de los que muchos pudieran pensar- no los pagos.

Se mantiene un precio de 6,10 euros, ya que sus propietarios (las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa) han cedido su explotación a Europistas y a Dragados. Así, los conductores siguen pagando (la mitad, eso sí). Diversas asociaciones de consumidores denuncian que la autopista -tras 35 años de explotación- "está amortizado de sobra". Sin embargo, la Administración sostiene que su gratuidad supondría un colapso para el tráfico.

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