El subsecretario de Fomento, Adolfo Menéndez, ha sido el primer miembro del Gobierno español en pronunciarse sobre el proyecto francés de cobrar una tasa a cada camión que use sus autovías. El alto cargo de la Administración ha cerrado filas con los transportistas españoles, que ayer mismo se echaron a la arena para denunciar con todas sus fuerzas el afán recaudador del ejecutivo galo.
Menéndez asegura que los peajes van “contra la cohesión, la convergencia y la competitividad europeas". Explica también que el Gobierno ya ha iniciado los contactos con Francia para conocer a fondo el proyecto y, una vez recopilados todos los datos, llevar el caso al Consejo Europeo de Transportes que se celebrará en Luxemburgo a principios de junio.
“Los transportistas saben que compartimos y asumimos plenamente su preocupación por la imposición de esta tasa", señala el responsable de Fomento.
Poco después, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, secundó a Menéndez y recalcó que el Gobierno está dispuesto a ponerse en contra de las tasas si no se aplican de acuerdo a la legalidad de la Unión Europea.
En la misma línea que ha trazado el Gobierno se han manifestado los diputados del Partido Popular en el Parlamento Europeo. José Manuel García-Margallo, portavoz del grupo, ha presentado ya una interpelación urgente a la Comisión Europea para que obligue a las autoridades francesas a exponer con claridad su programa. “Este plan puede afectar claramente a la unidad del mercado interior, en la que se debe respetar el principio de la libre circulación de mercancías", subraya García-Margallo.
El eurodiputado insiste en pedir a las instituciones comunitarias que velen para que no se produzcan acciones “unilaterales" dentro de la Unión.
El PSOE también se ha puesto del lado de los camioneros y, a través de sus europarlamentarios, ha pedido a la Comisión que el asunto francés se debata a fondo en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo.
Desde la Comisión Europea se ha encajado con entereza la tormenta de quejas que ha desatado la idea francesa. Loyola de Palacio, comisaria de Transportes y Energía, ha recordado que la Comunidad Europea sólo consiente que se cobren peajes para “cubrir gastos de mantenimiento o incluso amortización de las inversiones realizadas en infraestructuras", pero no con estos fines. Esta advertencia de la comisaria apunta directamente a Francia, que quiere recaudar en las autovías para financiar vías de tren y nuevas carreteras.
De Palacio asegura que la Comisión no va a aceptar “en ningún caso" trabas al mercado interior y al derecho de circulación. Recuerda que no sería legal cobrar a los camioneros un peaje “geográfico" y que “ningún país puede aspirar a recibir una renta por el mero hecho de su posición geográfica".
La comisaria explica que el ejecutivo comunitaria analizará con mucho detalle para comprobar si es discriminatoria y si resulta compatible con el Tratado y la legislación comunitaria que regula las tasas aplicables al transporte terrestre dentro del mercado interior.
Mientras, en España arrecian las protestas. Las Cámaras de Comercio han denunciado que los peajes son un obstáculo a la libre circulación en la Unión Europea. La asociación agraria ASAJA apunta en el mismo sentido y pide a la Comisión Europea que prohiba este tipo de gravámenes. Cobrar una tasa por cada camión que utilice sus autovías a partir de 2006 y utilizar ese dinero para financiar nuevas infraestructuras de transportes y comunicaciones. Esta es la sorprendente idea que planteó ayer el ministro francés de Transportes, Gilles de Robien. Con su proyecto, Robien espera ingresar 1.000 millones de euros anuales en los próximos años. La idea francesa se une a la que Alemania pondrá en marcha a partir de julio: cobrará 15 céntimos por kilómetro a cada camionero que circule por sus autovías.
El ministro de Transportes ha dejado claro que este dinero que paguen los camioneros se dedicará a completar el presupuesto estatal de obras públicas de transporte. Aunque no entró a detallar qué proyectos tienen prioridad, el ministro sí dejó ver que habrá un ferrocarril de alta velocidad entre Lyon y Turín (Italia) y una nueva línea de tren rápido hacia Alemania. En cambio, no concretó nada en relación a España: se queda en proyecto la línea Perpiñán-Figueres y no se avanza nada la unión entre Pau y Canfranc, en Huesca. En cuanto al transporte rodado, Gilles de Robien sólo habló vagamente de un “itinerario este-oeste" y otro “eje norte-sur" que, presuntamente, debe comunicar España con Francia.
En resumidas cuentas, los camioneros pagarán para financiar el transporte ferroviario y para dos grandes nuevas vías rodadas.
En Europa, la directiva conocida como “Euroviñeta" permite que países como Alemania, Dinamarca, Suiza o el Benelux cobren a ciertos vehículos (sobre todo camiones) por utilizar sus autovías. Tienen, a cambio, sus autopistas abiertas a la circulación y sin peajes, algo que Francia no puede ofrecer.
Alemania, por ejemplo, implantará en julio una tasa de 14 céntimos de euro por kilómetro recorrido cada camión que utilice sus autovías.
En estos momentos, la Comisión Europea trabaja en una nueva “euroviñeta", pero le llueven las críticas, porque su lentitud administrativa permite que los estados vayan mucho más deprisa.
