El Gobierno no actuará contra los accidentes laborales en carretera

A pesar de que el sector del transporte por carretera presenta la tasa de mortalidad laboral más alta en España, el Ejecutivo ha rechazado una proposición socialista que instaba a adoptar nuevas medidas para paliar la alta siniestralidad. El Partido Popular considera que las iniciativas planteadas ya están recogidas en diferentes directivas y reglamentos.
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El Gobierno no actuará contra los accidentes laborales en carretera
El Gobierno no actuará contra los accidentes laborales en carretera

La Comisión de Política Social y Empleo del Congreso ha rechazado, gracias a los votos del Partido Popular, una proposición no de ley del grupo socialista que instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas destinadas a paliar la alta siniestralidad laboral del sector del transporte por carretera.

Luis González Vigil, diputado socialista, justificó la propuesta de su partido en la denuncia de que, según estudios sobre el sector, cada año fallecen en España una media de 400 conductores profesionales -uno al día-. La mayoría de estos transportistas son, en opinión de la oposición, trabajadores autónomos que, como tales, no están contabilizados en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, sino que figuran como conductores particulares fallecidos.

González Vigil denunció que la cifra de conductores profesionales accidentados en el sector aumentó desde los 1.062 en 1996 a los 1.567 en 2001, una cantidad que indica que, cada día, cuatro conductores sufren en nuestro país accidentes laborales que, en la mayoría de los casos, incluso les impiden seguir desempeñando su trabajo.

El partido socialista achaca este alto número de siniestros a multitud de imprudencias: exceso de horas de trabajo, falta de control médico, ausencia de la debida formación, etc. Por todo ello, este sector presenta la tasa de mortalidad laboral más alta, por encima incluso de la minería, la construcción o la metalurgia, trabajos considerados socialmente como "muy peligrosos".

Con el objetivo de invertir esta tendencia tan negativa, la proposición no de ley instaba al Ejecutivo a reducir la jornada laboral de los profesionales autónomos a un máximo de 48 horas semanales, a regular la conducción nocturna y los tiempos de descanso, así como a promover una formación preventiva y continua específica de las funciones que desempeñan estos profesionales.

Sin embargo, el PP no ha considerado prioritaria la implantación de nuevas medidas destinadas a frenar la alta siniestralidad. El diputado popular Jesús Pérez Corgos aseguró, tras votar en contra de la proposición, que la mayoría de iniciativas planteadas ya está recogida en una directiva comunitaria sobre ordenación del tiempo de trabajo en transporte por carretera. Esta directiva establece dos plazos de trasposición, el primero fijado en el 2005 para los trabajadores por cuenta ajena y el segundo, fijado en 2009, para los trabajadores autónomos.

Asimismo, Pérez Corgos ha apuntado que tanto la formación como los controles médicos a los profesionales, dos de las peticiones socialistas, también están recogidas en distintos reglamentos españoles (como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) o contempladas en diversas iniciativas de organismos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La postura del Gobierno ha levantado ya airadas críticas en diferentes organizaciones nacionales, como en el caso de UGT. La central sindical, a través de una nota remitida por su Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar, ha asegurado que el Partido Popular "ha perdido una gran oportunidad para paliar la altísima siniestralidad de los conductores profesionales del transporte por carretera".

Además, según el sindicato, esta actitud "impedirá a los conductores profesionales tener la posibilidad de jubilarse anticipadamente, un derecho que ya tienen otros colectivos con trabajos igualmente penosos, peligrosos o insalubres", entre los que cita a maquinistas ferroviarios, marinos, estibadores o mineros.

Para UGT, "el reconocimiento de la jubilación anticipada y de las enfermedades profesionales, y la reducción a 48 horas de las jornadas de trabajo son reivindicaciones históricas en las que seguiremos insistiendo".

Por otra parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, ha mostrado su deseo de fortalecer las redes de transporte en las zonas periféricas de la UE, sin olvidar la zona mediterránea en las nuevas políticas que acompañen a la ampliación comunitaria. De Palacio, en un simposio sobre la integración de las redes transeuropeas, indicó que esta ampliación esta generando "una creciente presión para extender los corredores de transportes hacia Oriente y Asia Central". Además, destacó la importancia de lograr una UE equilibrada en términos de transporte, algo que no se logrará "si se llega a una Unión que cuente con una zona central con vías altamente desarrolladas, pero rodeada de zonas aisladas".

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