La AEA pide la anulación de las multas mal notificadas en Madrid

El presidente de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha denunciado que en Madrid hay actualmente 400.000 expedientes sancionadores que han sido incorrectamente notificados a las personas demandadas. Por ello, y amparado por los criterios del Tribunal Constitucional, pedirá su anulación al Alcalde de la capital.
Autopista -
La AEA pide la anulación de las multas mal notificadas en Madrid

La asociación de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) solicitará próximamente al Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, la revisión de oficio y la cancelación de todos los expedientes sancionadores en los que se haya utilizado improcedentemente el sistema de notificación edictal, de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia del 24 de marzo.

De confirmarse, esta anulación afectaría a más de 400.000 personas, que se encuentran actualmente próximas al embargo de bienes. En conjunto, los expedientes sancionadores tienen un valor de 36 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas).

La AEA ha recordado que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha otorgado recientemente amparo constitucional al propietario de un vehículo al que la Recaudación Ejecutiva municipal pretenda embargar sus bienes por el impago de multas de tráfico de las que nunca haya tenido conocimiento. Esta situación ocurre cuando el Ayuntamiento de Madrid remite denuncias a antiguos domicilios y, posteriormente, son notificadas a través del Boletín Oficial de la Comunidad.

La sentencia del Alto Tribunal considera que “la Administración -al no emplazar personalmente a la demandante de amparo en el procedimiento administrativo sancionador pese a tener conocimiento (o al menos evidente posibilidad de adquirirlo) del verdadero domicilio de aquella- no ha actuado con la diligencia que le era exigible y ha generado (…), una situación de indefensión constitucionalmente relevante”.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional declara vulnerados los derechos constitucionales a la defensa y a ser informado de la acusación, establecidos en el artículo 24.2 de la CE. Según este principio, se debe anular la sanción impuesta desde la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

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