El Tribunal de la UE declara legal el Plan Renove Industrial

En 1998, la Comisión Europea denunció el Plan Renove Industrial español por considerar que vulneraba la libre competencia del sector. Cuatro años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula esta decisión y declara legal el sistema de bonificaciones, que ahora sí permitirá renovar una flota bastante antigua.

El Tribunal de Justicia de la UE ha anulado la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el Plan Renove Industrial (PRI) y acepta este sistema de subvenciones. Los jueces han considerado que también existe la posibilidad de que los transportistas no profesionales salgan beneficiados con esta iniciativa, algo que obvió el Ejecutivo europeo.

Con esta decisión, el Gobierno español no necesitará recuperar las ayudas ya otorgadas por un plan que ahora será absolutamente legal. Según los abogados que han defendido el PRI, otro elemento por el que el Tribunal debía suprimir la decisión adoptada por la Comisión era considerar que estas ayudas son un factor fundamental para mejorar el medio ambiente y la seguridad vial en nuestras carreteras.

El plan nació con el objetivo de facilitar en España la sustitución de vehículos industriales antiguos por otros nuevos, para renovar así la flota. El sistema de ayudas consistía en una serie de bonificaciones en los intereses de créditos concedidos para la adquisición de los automóviles.

Sin embargo, en 1998 la Comisión Europea declaró que determinadas ayudas contempladas en el PRI falseaban la competencia en el sector del transporte por carretera y decidió denunciarlo.

España recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, alegando que las subvenciones no constituían ayudas de Estado, puesto que este sistema ya estaba cubierto por la conocida "regla de minimis" (proyecto de ayudas de escasa cuantía).