Cuatro mossos aceptan multa por pegar a dos repartidores de pollo

Cuatro mossos d'esquadra han aceptado hoy penas de multa de 1.440 euros cada uno por dar una paliza a dos repartidores de pollo para detenerlos, tras confundirlos con delincuentes y después de una persecución por la carretera, en la que los agentes iban de paisano.
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Cuatro mossos aceptan multa por pegar a dos repartidores de pollo

En la sección décima de la Audiencia de Barcelona se iba a iniciar hoy el juicio contra los cuatro agentes de la policía catalana, que afrontaban una petición fiscal de cuatro años de cárcel y cuatro de inhabilitación cada uno por un delito de lesiones por apalear a los dos transportistas inocentes, pero finalmente la vista no se ha celebrado porque se ha pactado la condena.

La pena aceptada por los agentes, que no comportará su inhabilitación, les obliga también a pagar una indemnización de 8.430 euros por daños morales a los dos transportistas, que a raíz del altercado se vieron envueltos en un proceso penal por resistencia abierto a iniciativa de los Mossos d'Esquadra que finalmente se archivó al demostrarse su inocencia.

En la causa ejercían la acusación particular los dos repartidores de pollo, que también se han conformado con la pena de multa pactada entre las partes porque, según su abogado, sólo pretendían un resarcimiento moral y un reconocimiento de lo que padecieron.

El rocambolesco incidente ocurrió la madrugada del 9 de mayo de 2008, cuando los dos repartidores de pollos estaban comiéndose un bocadillo en el interior de su furgoneta en una estación de servicio de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Los agentes Antoni Díaz y Pedro Quiñones, que prestaban servicio de paisano en un coche no logotipado, confundieron a los transportistas con delincuentes y los encañonaron con su pistola mientras avanzaban hacia ellos sin en ningún momento identificarse como policías, según el relato de hechos de la Fiscalía aceptado por los acusados.

Los transportistas se asustaron al ver el arma y, con gran nerviosismo, arrancaron su furgoneta con la única finalidad de escapar de los que creían delincuentes, por lo que se inició una persecución por la carretera que les llevó hasta el término municipal de Ripollet (Barcelona).

Las dos víctimas llamaron al teléfono de emergencias 112 para avisar de que estaban siendo perseguidos por unos desconocidos y, por ese motivo, pararon la marcha en cuanto vieron un vehículo logotipado de los Mossos d'Esquadra que avanzaba hacia ellos, con la esperanza de que los agentes les protegerían.

Sin embargo, al lugar en el que se detuvo el coche logotipado y la furgoneta de los transportistas llegó instantes después el automóvil conducido por los agentes de paisano, que iba emitiendo una señal acústica de sirena muy corta y una señal luminosa azul con un piloto situado en el techo del vehículo, añade la Fiscalía.

Totalmente desconcertados, según el relato del ministerio público, los transportistas descendieron de su coche y se encontraron con los dos agentes uniformados del coche logotipado, Jordi Subirana y Daniel Rodríguez, uno de los cuales les apuntaba con su arma mientras el otro esgrimía una defensa extensible, y con los otros dos de paisano.

Según la Fiscalía, Pedro Quiñones se lanzó sobre una de las víctimas, empujándola a la mediana de la carretera, la tiró al suelo y una vez allí le pegó patadas por todo el cuerpo, mientras que un segundo agente le pisaba la cabeza y le golpeaba con la defensa extensible, entre insultos.

El otro transportista también fue derribado y esposado por uno de los agentes uniformados, tras lo que el procesado Pedro Quiñones le empezó a dar patadas y a golpearle con una barra extensible.

Los otros acusados permanecieron impasibles ante la conducta de sus compañeros, por lo que la fiscal les imputa el mismo delito de lesiones que a los autores materiales de la paliza.

A raíz de la paliza, uno de los transportistas sufrió varias contusiones y heridas por todo el cuerpo de las que tardó en curar 81 días, mientras que las lesiones causadas al otro eran menores.

Tras al altercado, los agentes detuvieron a los dos repartidores de pollo, a los que dejaron en libertad horas después sin asistencia letrada, y presentaron en el juzgado un atestado en el que les acusaban de enfrentarse a la policía.

Un año después, el juzgado de instrucción archivó la causa contra los dos transportistas, que durante ese tiempo vivieron 'con gran preocupación y desasosiego la evolución procesal de los hechos', según la fiscal.

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