La M-30 será inspeccionada por la UE

Mañana, el Parlamento Europeo escuchará las denuncias planteadas por la Oposición contra el Ayuntamiento de Madrid por los destrozos medioambientales devenidos de las obras de la M-30, algo que la Fiscalía de Madrid aún no querido hacer, según apuntan desde IU. Además, la “broma” le ha costado al Gobierno municipal la paralización de un crédito del BEI y un endeudamiento con capital privado histórico, señalan desde el PSOE.
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La M-30 será inspeccionada por la UE
La M-30 será inspeccionada por la UE

La Unión Europea ha bloqueado un crédito que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió al Ayuntamiento de Madrid para financiar parte de las obras de remodelación de la carretera de circunvalación, M-30.

Desde la capital, el Gobierno municipal acusa a la Oposición de ser la autora de la denuncia que mantiene paralizada la concesión de dicho crédito y, desde la Oposición, replican que continuarán las denuncias, ya que la alcaldía no ha cumplido las normativas medioambientales. La cosa tiene miga.

En diciembre de 2004, el BEI -que es la entidad europea que financia proyectos que impulsan la integración de sus Estados miembros- concedió al Consistorio madrileño un préstamo de 1.500 millones de euros a un interés muy bajo para sufragar parte de los gastos originados por las obras de la M-30.

Dicho préstamo, sin embargo, contenía en su contrato una cláusula contrato muy clara que obliga al beneficiario a cumplir la legislación comunitaria y nacional en materia de medio ambiente. Catorce meses después de la concesión, el Consistorio no sólo no ha retirado el importe, sino que, a los cuatro meses de su autorización, –el pasado mes de abril, concretamente- el Ayuntamiento buscó otra fórmula para financiar el mismo cometido, valorado en 2.849 millones.

Así, a través de su empresa mixta Calle 30, encontraron en la entidad financiera Deixa Sabadell y en la sociedad francesa Société Générale, ambas privadas, los 2.500 millones necesarios para sufragar los gastos de las obras. El pago de la hipoteca –que comenzará en 2007- se prolongará, así, durante un periodo de 35 años y sumará un interés bastante más alto que el ofertado inicialmente por el préstamo del BEI. Esta jugada se convierte, según publica hoy el diario El País, en la mayor operación de endeudamiento de la historia del Gobierno municipal.

A partir de aquí, comienza el cruce de acusaciones. El PSOE, a través de su concejal de Urbanismo, Félix Arias, acusa al Gobierno de Gallardón de no haber recogido el préstamo por “la imposibilidad de justificar el cumplimiento de la normativa medioambiental”. Inés Sabanés, por parte de Izquierda Unida, grupo que se sumó igualmente a las denuncias, intervendrá mañana en el Parlamento Europeo.

En su comparecencia señalará, además, que la Fiscalía de Madrid no ha intervenido para comprobar las numerosas denuncias no sólo políticas, sino de numerosos colectivos sociales, presentadas contra las obras por los destrozos medioambientales devenidos de éstas. Por tanto, tampoco ha ordenado la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente para que la reforma se llevase a cabo sin los pertinentes informes de dicho impacto que, de momento, no aparecen por ningún lado.

Por último, y al término de su comparecencia y de la del resto de representantes del Ayuntamiento, la UE pondrá fecha para la visita de sus inspectores a la villa de Madrid.

Por su parte, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, replicó que el préstamo europeo está paralizado, precisamente, por las denuncias de la oposición, a lo que añadió que el uso partidista de esta información “sólo ha perjudicado los intereses de los madrileños”.

Alberto Ruiz Gallardón confirmó ayer mismo, tal como veníamos anunciando desde Terra Autopista, la colocación de nuevos radares en túneles peligrosos no como una medida recaudatoria sino “para evitar accidentes”. Estos se sumarán a los ya previstos en Castellana y Recoletos y habrá carteles que anuncien su presencia.

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