La lucha contra la “violencia vial”

Por desgracia, fueron necesarios varios siniestros de tráfico para que naciera “Stop accidentes”, una asociación dedicada a evitar que, cada año, más de 5.500 personas fallezcan en las carreteras españolas. Los fundadores y máximos responsables de la entidad perdieron a alguien cercano en un accidente de circulación y, lejos de cruzarse de brazos, luchan contra lo que denominan “violencia vial”, indicando sin tapujos quiénes son los culpables de la misma.
Autopista -
La lucha contra la “violencia vial”
La lucha contra la “violencia vial”

“Señalamos al destino, pero la realidad es que el factor humano, en el 90 por ciento de los casos, es el responsable de unos siniestros de tráfico que se pueden evitar”. Este es el mensaje que lanza “Stop accidentes”, asociación que, desde hace tres años, lucha por reducir las cifras que arroja cada año la carretera: 5.500 muertos (se ha convertido en la primera causa de fallecimiento entre los jóvenes de 5 a 24 años) y 3 millones de heridos son algunas de ellas.

El hijo de Ana María Campo, presidenta de la entidad, forma parte de estos números. Un conductor borracho lo atropelló, en 1998, cuando paseaba en bicicleta por Barcelona y ella decidió que su muerte no se limitaría a engrosar una estadística.

Con la ayuda de Aitor Canales, actual director de la asesoría jurídica de la asociación, Jeanne Picard, presidenta adjunta, y varios familiares y amigos de víctimas de tráfico fundó lo que hoy es una entidad con unos objetivos claros: plantar cara ante la “violencia vial” –cualquier actuación que desemboca en un incidente de circulación- y ayudar y orientar a otras personas que no se conforman culpando a la casualidad.

Para ello, cuentan con un servicio de asistencia psicológica que apoya a los afectados con el fin de que superen el miedo, la ansiedad o la depresión que puede sobrevenir tras un accidente. Los socios se benefician de una reducción en los honorarios que recibe el especialista, al igual que ocurre si lo que se demanda es ayuda jurídica. Ésta se otorga “siempre que los fines perseguidos por la víctima y sus familiares sean acordes a la filosofía y espíritu de la asociación”, afirma Canales: reducir el número de siniestros, impulsar una reforma legislativa en la materia (penas mayores para los infractores reincidentes, más responsabilidad de las aseguradoras, ayuda a la reinserción social y laboral de los lesionados…) y fomentar una conciencia vial son algunos de dichos fines.

La actuación de “Stop accidentes” no se limita a señalar los fallos del sistema y hacer discursos sobre cuál sería la situación ideal; también han propuesto una serie de medidas para alcanzar sus objetivos. Así, han impulsado una comisión permanente en el Congreso para que se ocupe, exclusivamente, de los problemas del tráfico. Además, planean invertir en educación y formación vial –debería ser una asignatura específica en los colegios, aseguran- y quieren crear unos juzgados y tribunales especializados en delitos relacionados con la circulación, así como confeccionar un plan urgente de inversión en la red de carreteras del Estado y mejorar la coordinación en la asistencia sanitaria (bomberos y ambulancias).

Entre las propuestas más interesantes se encuentra el establecimiento de servicios de transporte público durante las 24 horas del día o premiar a los jóvenes conductores que no hayan cometido infracciones durante dos años; una de las que más apoyo ha recibido por parte de miembros anónimos de la Policía Municipal y la Guardia Civil es la creación de un protocolo de actuación obligatoria en la elaboración de los atestados de accidentes de tráfico. Hasta que se incluya una “caja negra” en los automóviles -otra de las reivindicaciones de la entidad-, este procedimiento serviría para recoger toda la información posible sobre un siniestro (siempre que las circunstancias lo permitan): información sobre el asiento que ocupaban los menores de edad, la existencia o no de sillitas homologadas, el tipo de luces con las que circulaba el vehículo (posición, cruce, etc), el estado de conservación de los neumáticos, el volumen de la radio, las condiciones de visibilidad o luminosidad, una grabación o una fotografía de la posición de los automóviles, las posibles huellas de frenada y la señalización existente en el lugar del accidente. Además, se exigiría la realización de un control de alcoholemia mediante analítica sanguínea a los conductores. Con estos parámetros, se aportarían pruebas que, llegado el caso, podrían ser concluyentes en un juicio.

Este procedimiento hubiera evitado años de lucha en los juzgados a Jeanne Picard, presidenta adjunta de la asociación. Esta francesa, afincada en A Coruña, despertó el 1 de enero de 2000 con una terrible noticia: su hijo había muerto en la carretera. Un choque lateral contra otro vehículo había provocado su fallecimiento. “El atestado se realizó mal”, explica Jeanne. “No le hicieron el test de alcoholemia al conductor del otro coche, que regresaba de una fiesta. Dijeron que ni siquiera había frenado, no había marcas en el suelo”. Pero en el informe se recogen pocos datos concluyentes, por lo que nunca se aclarará quién fue el responsable del siniestro, ocurrido en una –“mal llamada”, apunta Jeanne- “vía rápida” coruñesa. “No sé por qué la denominan así. En el tramo en el que ocurrió el accidente, la velocidad máxima está limitada a 70 km/h”, afirma.

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