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La nueva Ley de Seguridad Vial, ¿ilegal?

El presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, el diputado del PNV Emilio Olabarría, considera que la reforma de la Ley de Seguridad Vial, en este momento en tramitación parlamentaria, ‘casi la raya de lo inconstitucional’.
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La nueva Ley de Seguridad Vial, ¿ilegal?
La nueva Ley de Seguridad Vial, ¿ilegal?

En declaraciones a los medios, Olabarría aseguró que el proyecto para la reforma de la Ley de Seguridad Vial ‘no está consensuado ni siquiera con la mayoría del sector’ y ‘la Comisión de Seguridad Vial no ha tenido capacidad de pronunciarse institucionalmente sobre el contenido de esta ley’.

Tras afirmar que esta Ley es ‘dudosa’, el presidente de la Comisión añadió que la ley ‘enfatiza los mecanismos sancionadores y los facilita’ y, además, ‘incorpora elementos de dudosa legitimidad punitiva’.

En este punto, Olabrarría recordó unas declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, pronunciadas en el Instituto de Empresa, en las que dijo que ‘éstas son leyes que un abogado, un juez o un jurista no hubieran hecho’.

Según el diputado del PNV, la reforma ‘está en la raya de lo que la jurisprudencia constitucional configura como límites del llamado ‘ius puniendi’ del Estado’. ‘Incluso podríamos pensar que casi sobrepasa la raya’, añade.

‘El primer problema es que por enésima vez nos encontramos con una ley punitiva, en donde lo que se facilitan son procedimientos sancionadores. Es casi lo único que se está haciendo en el ámbito de Interior en relación a la seguridad en el tráfico’, aseguró.

Sobre la privación del recurso de alzada, Olabarría entiende que ‘es la privación de un derecho que la jurisprudencia constitucional ha garantizado a todos los ciudadanos’. ‘Sería algo así —según Olabarría— como privar a los ciudadanos de la doble instancia jurisdiccional en la administración de justicia’.

En cuanto a la hipotética supresión de los márgenes de error en los radares, considera que ‘afecta a los derechos ciudadanos’.

El presidente de la Comisión de Seguridad Vial cree que facilitar las posibilidades de ejecutar la sanción mediante el pago voluntario y la reducción a la mitad ‘es delicado y puede provocar efectos perversos’.

‘La mayoría de los ciudadanos estaría en la tesitura de pagar la mitad de la multa antes de tener que penetrar en ese gran ‘Leviatán’ que es la Administración del Estado y presentar recursos, pliegos de descargos e, incluso, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo eso es mucho más costoso’, señaló.

El parlamentario opina que ‘crear una especie de Estado policial tiene un punto de saturación’ a partir del cual se considera ‘insoportable’ y es cuando aparece ‘una reacción en contra’: ‘Se puede producir un efecto bumerán que en algunos países que han abusado del derecho punitivo ya se ha producido’, explicó.

Olabarría, que defiende una política educativa en materia de seguridad vial, considera que ‘están saliendo las cosas bien’ pero apunta que ‘seguramente se debe a que el derecho punitivo produce a cortísimo plazo efectos disuasorios y de prevención’.

El diputado del PNV se refirió también a la utilización que la Dirección General de Tráfico hace de las estadísticas: 'aquí se están distorsionando los datos, se está rebajando el número de muertos (en accidente de tráfico) por procedimientos que son artificios estadísticos’ y ‘eso lo hemos denunciado’.

Sobre el hecho de que más de 1.300 conductores estén hoy en la cárcel, Olabarría opina que la mayoría de estas personas no son delincuentes: ‘Sigo pensando que fue un error’ la reforma del Código Penal, porque ‘ya es bastante duro el derecho sancionador administrativo’, concluyó.