La Generalitat reta a Seat

El particular pulso que mantienen los sindicatos, Seat y la Generalitat de Cataluña no parece atravesar su mejor momento. Según estos últimos, las prejubilaciones son una de las posibles soluciones, una medida a la que se opone la compañía y que la Generalitat respalda. Mientras tanto, los sindicatos comienzan a valorar la ampliación de la “bolsa de horas" de adeudo a la empresa.

Según las propias palabras del consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat de Cataluña, Josep María Rañé, las prejubilaciones para los trabajadores de Seat podrían ser una posible solución “no traumática" al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). A esta medida, que afectaría a un total de 952 trabajadores de entre 58 y 59 años de los 1.432 empleados afectados por el ERE, habría que sumarle otra ampliación de la “bolsa de horas" como vía para encontrar esa posible solución.Sin embargo, tal como informábamos ayer desde Terra Autopista, la solución de las prejubilaciones está totalmente descartada por parte de Seat.Asimismo, Rañé señaló que la Generalitat impulsa y sigue de cerca los posibles acuerdos a los que puedan llegar los sindicatos y la Dirección de la empresa a través de un inspector. También recordó que, si no hay acuerdo, “tendremos que resolverlo como autoridad laboral".Por otro lado, en una noticia que publica hoy La Razón, se habla de que la Generalitat ya ha fijado condiciones a Seat. Según esta información, Rañé asevera que las ayudas a la compañía se mantendrán “sólo si la empresa asegura su continuidad en territorio catalán".La agencia EFE recoge que el consejero ha insistido en que el 90 por ciento de la plantilla y la continuidad de la marca y de la factoría “están asegurados". Por su parte, los sindicatos señalaron como “no descartable" la propuesta de Seat de que las horas que los trabajadores deben a la compañía por jornadas de no producción aumente unas 20 horas, lo que situaría las 30 horas actuales en 50.La automovilística ha propuesto hoy a los sindicatos una serie de medidas para reducir los 1.346 despidos planteados. Entre estas disposiciones se encuentran bajas incentivadas, excedencias voluntarias de entre 2 y 5 años, la interrupción del contrato-relevo y la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años, incluyendo una cláusula en el convenio colectivo.

Este paquete de actuaciones, que está supeditado a condiciones económicas y que se concretará en una reunión, establece la jubilación en 2006 de los trabajadores que ahora tienen 64 años. Se trata de un centenar de personas que se restarían del ERE, además de las 26 que se acogieron al programa de bajas incentivadas propuesto por la compañía en junio, según fuentes sindicales.

Seat se ha negado a negociar prejubilaciones a partir de los 58 años, como defendían los representantes de los trabajadores, para evitar los despidos. Sin embargo, ha abierto la puerta a incluir una cláusula en el actual convenio que forzaría el retiro de los empleados a partir de los 65 años y la suspensión del contrato de los operarios a partir de los 63 años, siempre en el actual contexto de excedente de plantilla. En este último caso, los afectados irían al paro durante dos años y la empresa mantendría el cien por cien de sus cotizaciones, según los sindicatos.

La compañía también se ha mostrado dispuesta a otorgar excedencias voluntarias (2-5 años), con el compromiso de reingreso del empleado en su puesto de trabajo en las mismas condiciones en que lo dejó. A cambio, recibiría una cantidad de dinero que aún debe concretarse.

Otra fórmula para reducir el impacto del ERE pasa por las bajas incentivadas de entre dos y cinco años, las bajas incentivadas definitivas –para las que Seat ofrece un máximo de 60.000 euros por persona- y las reducciones voluntarias de jornada y salario.

La interrupción del contrato-relevo, que establece la jubilación parcial del empleado y su sustitución por una persona más joven que cobraría un 30 por ciento menos, se haría efectiva el 1 de enero de 2006. En la reunión de hoy, la compañía se ha negado de nuevo a facilitar información sobre la reserva actual de vehículos y sobre las previsiones de producción para los próximos años, unos datos que UGT, CCOO y CGT reclaman desde hace meses. Así, los líderes sindicales han previsto viajar a la sede del Grupo Volkswagen en Wolfsburg (Alemania) para obtener esta información.

El próximo lunes, los representantes de los trabajadores han planeado convocar paros de entre 20 y 40 minutos, con el fin de organizar asambleas informativas. Asimismo, los sindicatos han solicitado a la Dirección que retire el ERE y los siete despidos –ya efectivos- contra los empleados que provocaron desperfectos en la planta de Martorell. Al parecer, la compañía se ha negado a estas peticiones.

- Los grupos PSC, ERC e ICV han rechazado hoy en el Parlamento catalán una moción presentada por CiU, en la que se emplazaba a la Generalitat a “impulsar un paquete de medidas políticas y financieras que ayuden a consolidar la presencia de Seat en Cataluña durante los próximos años". Aquellos que han votado en contra entienden que el Gobierno catalán ya está poniendo en marcha acciones encaminadas a hacer frente a esta crisis.
- Francisco García Sanz, miembro del consejo de dirección de Volkswagen (casa matriz de Seat), ha calificado hoy como “crítica" la situación que vive la automovilística española, aunque ha matizado que se trata de un episodio “coyuntural". Asimismo, ha asegurado que “Seat es y será parte integral del grupo VW". - Los rumores surgidos hace unos meses sobre la posible venta de Seat a un fabricante chino han tenido hoy contestación. El secretario general de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles y ex–presidente del grupo Dongfeng Auto, Ningwu Shen, ha asegurado que las empresas de automoción de su país tendrán que esperar, como mínimo, cinco años para tener la capacidad de comprar marcas europeas. - Cándido Méndez, secretario general de UGT, Josep María Álvarez, su homólogo en Cataluña, y Joan Coscubiela (secretario general de CCOO en la región) han insistido en presentar la situación de Seat como “un problema comercial y de diseño, más que sociolaboral". Todos ellos han solicitado que el proceso finalice sin medidas traumáticas para el empleo.