Las gasolineras podrán fijar libremente los precios

Una sentencia de la Audiencia Nacional permitirá a las estaciones de servicio de Repsol YPF comprar carburantes a otros operadores y fijar libremente sus precios. La petrolera había recurrido una multa de tres millones de euros con la que el Tribunal de Defensa de la Competencia le castigó en 2001 por imponer los precios a sus gasolineras.
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Las gasolineras podrán fijar libremente los precios
Las gasolineras podrán fijar libremente los precios

La sentencia considera probado que los contratos de Repsol no son de comisión o agencia sino de revendedores y que, por lo tanto, la petrolera no puede fijar los precios a sus estaciones de servicio. El motivo, según el documento, es que los propietarios de las gasolineras asumen riesgos, tanto financieros como por la posible pérdida o deterioro de los productos. La Sala de lo Contencioso Administrativo señala, por ejemplo, que los titulares de las gasolineras están obligados a pagar la mercancía entregada con independencia de que se venda o no.

Repsol YPF fue condenada a pagar una multa de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) por estas prácticas y Cepsa también fue sancionada con 200 millones de las antiguas pesetas en 2001 por fijar los precios de los carburantes.

Las reacciones a esta noticia han llegado tanto por parte de la petrolera hispano-argentina como por parte del sector de las estaciones de servicio. Este último, representado por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) , se ‘‘congratula’’ por sus asociados, pues considera que esta resolución contribuirá a la libre competencia entre unos establecimientos y otros y redundará en mejores precios y servicios. Para la CEEES, esta sentencia, junto con otras que se han dictado en la misma línea en los últimos meses, ‘‘suponen el fin de un modelo de contratos con los que las empresas beneficiarias de la escisión del monopolio han perpetuado su posición de dominio durante catorce años’’.

Por su parte, la petrolera que preside Antoni Brufau, asegura que la decisión de la Audiencia no les va a afectar ni en lo económico ni en lo jurídico, ya que afirma que se ha abonado la multa de tres millones de euros que en su día le impuso el Tribunal de Defensa de la Competencia y que, por otra parte, aquellos contratos que le valieron una sanción ya no están en vigor a día de hoy. De hecho, la compañía recuerda que en 2006 el Tribunal de Defensa de la Competencia reconoció que la firma había cumplido con las órdenes que se daban desde Europa para acelerar la liberalización del sector.

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